L D (Agencias) La acusación particular representada por el abogado Gonzalo Boye retirará previsiblemente su solicitud de condena al Estado como responsable civil directo de los atentados de Madrid de sus conclusiones definitivas. También la retirará, la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M, que ejerce la acusación popular en el juicio por los atentados de Madrid, presidida por María Ángeles Domínguez, aunque ésta la planteaba con carácter subsidiario, es decir, si los condenados por autoría no podían pagarla. La Asociación de Ayuda a las Víctimas consultará a sus clientes y tomará una decisión al respecto definitiva la próxima semana.
Fuentes de las distintas asociaciones personadas en el procedimiento indicaron que uno de los motivos por los que previsiblemente retirarán esta petición es para evitar que la reclamación al Estado pueda ser rechazada en sentencia y considerada como cosa juzgada en futuras reclamaciones, incluso al margen de la vía penal. Las mismas fuentes señalaron que estas reclamaciones se podrían plantear, por ejemplo, a través de la vía contencioso-administrativa, para tratar de lograr indemnizaciones que no contempladas en la Ley de Solidaridad con las Víctimas.
Las 23 acusaciones populares y particulares reclamarán de esta forma a través del juicio que se está celebrando por la vía penal las indemnizaciones que deberán abonar los acusados que sean condenados. Además, habitualmente, en los casos de terrorismo, el Estado se hace cargo de estos pagos a través de la Ley de Solidaridad al ser de insolventes de la mayoría de los condenados.
Gonzalo Boye, ex miembro del MIR que cumplió diez años de prisión en España por colaborar con ETA en el secuestro de Emiliano Revilla, ejerce además la defensa de la presunta etarra Lorea Irigoyen Arbizu, arrestada en marzo en la operación de la Guardia Civil contra el grupo Donosti. Así figura en el recurso interpuesto contra el procesamiento de Irigoyen al que tuvo acceso Libertad Digital, en el que el abogado alega que el único vínculo de Irigoyen con ETA es su relación de pareja con otro imputado. En el juicio del 11-M Boye pidió la recusación, que finalmente fue rechazada, de unos de los peritos encargado de elaborar el informe de los explosivos.
Un millón de euros por fallecido
En cuanto a las cantidades que reclamarán en el desarrollo de la actual vista oral, las acusaciones han puesto en común las distintas cifras contempladas por unas y otras en sus escritos de calificación en virtud de los daños recibidos por las víctimas que representan. Las partes se plantean la posibilidad de pedir en todos los casos de fallecimiento una cantidad única, de un millón de euros por persona, añadieron estas fuentes.
La Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) se ocupará de elaborar una tabla estimativa que especificará cantidades económicas relacionadas con cada daño concreto. Las compensaciones se calcularán en virtud de sentencias recientes dictadas por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que servirán de guía para establecer el dinero reclamado en cada uno de los casos.
Bermúdez explicará el funcionamiento de la Justicia a un grupo de víctimas
Un grupo de unos cuarenta menores de entre 6 y 17 años, la mayoría hijos de víctimas de los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid, realizarán mañana, jueves, una visita privada a la Audiencia Nacional, donde mantendrán una reunión en el despacho del presidente del tribunal que juzga los hechos, Javier Gómez Bermúdez, que les explicará el funcionamiento de la Justicia, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.
El encuentro parte de una iniciativa del propio magistrado en la que colaboran varias asociaciones que representan a perjudicados por la masacre, según las mismas fuentes. El encuentro se desarrollará a puerta cerrada para preservar la intimidad de los menores y por consejo de los psicólogos que les tratan.
El objetivo de la visita es el de introducir en el mundo del Derecho a estos niños, que resultaron afectados por viajar en los trenes, o que han perdido o visto heridos a sus familiares, para enseñarles el modo de funcionamiento de la Justicia y como puede afectar a sus vidas el desarrollo juicio que se celebra contra 29 procesados por participar en la masacre. Con ocasión de esta visita, en la que también participará la fiscal del caso, Olga Sánchez, se ha editado un diccionario de términos jurídicos a cada uno de los menores.
