(Libertad Digital) Son muchos los frentes abiertos por el gobierno en relación con la comunidad de Madrid., pero el último, quizás, sea el segundo en envergadura después del caso Mintra. Se trata de la rebaja en la liquidación de impuestos de 2003 cedidos a las comunidades. Se trata de nada más y nada menos que 250 millones de euros que el Gobierno había anunciado a al Comunidad de Madrid y que ahora explica que no le corresponden. Pero no es el único asalto en la lucha por asfixisiar las arcas regionales. A continuación repasamos la lista de agravios al Gobierno presidido por Eesperanza Aguirre:
Segundo canal de Telemadrid
Una de las previsiones del nuevo mapa televisivo de la Comunidad de Madrid consiste en la emisión de su segundo canal en analógico. La Comunidad tomó esta decisión después de que el Gobierno permitiera a Canal+ abrir en abierto. Pero el ministro de Industria, José Montilla, ha bloqueado el segundo canal autonómico, basándose en la "Ley Polanco". Esta decisión supone un agravio en relación con otras comunidades autónomas, que cuentan con segundos canales, como País Vasco, Comunidad Valenciana y Andalucía. Calaluña tiene hasta tres canales autonómicos.
A juicio de Manuel Soriano, director general de Telemadrid, la decisión del Gobierno "es un elemento más de una serie de decisiones que están perjudicando a la Comunidad de Madrid porque no hay coincidencia de color político entre el Gobierno central y el de la comunidad y, además, la frecuencia que no ocupe el segundo canal de Telemadrid lo puede ocupar otra empresa privada".
Liquidación de impuestos
Se refiere a la liquidación de los impuestos que corresponden al ejercicio 2003. El gobierno había anticipado a la comunidad de Madrid que le entregaría la cantidad de 841 millones de euros por ese concepto, cantidad que ya era una rebaja desde los 871 inicialmente calculados. Pero recientemente el gobierno de Zapatero ha decidido reducir esa cantidad en 247 millones, un 31 por ciento menos. La cantidad supone más del 2 por ciento del presupuesto de la comunidad de Madrid y representa una rebaja sobre la liquidación definitiva sin precedentes.
La justificación del ejecutivo central es que la comunidad reducirá su recaudación impositiva a consecuencia de su rebaja del IRPF. Esperanza Aguirre ha respondido que no se puede creer que todas las comunidades hayan recaudado mucho más en Renta, IVA e impuestos especiales que Madrid, que es "locomotora de la economía española, la que más crece y la que más empleo crea", haya reducido su recaudación. Hay que recordar que el gobierno de Rodríguez Zapatero ha aumentado la liquidación a Andalucía en un 31 por ciento (el mismo porcentaje que le resta a Madrid), pese a que el crecimiento de la comunidad de Madrid supera en 1,3 puntos el de la presidida por Manuel Cáves.
De hecho una rebaja de tipos no implica necesariamente una caída en la recaudación y en muchas ocasiones ocurre exactamente lo contrario. Esto es así, porque las rebajas de tipos favorecen una mayor actividad económica, que a su vez permite una mayor recaudación. Aguirre ha exigido "transparencia, claridad, datos e información" y añade que "el presidente se ha comprometido a dármelos". Se da la circunstancia de que la cantidad rebajada por el gobierno a la comunidad coincide prácticamente con lo que recauda por Impuesto sobre el Patrimonio. Esperanza Aguirre tiene previsto eliminarlo o reducirlo significativamente en el próximo ejercicio, por lo que este movimiento del Gobierno puede entenderse como una operación política encaminada a neutralizar la política fiscal de Aguirre. La cuestión no se ha cerrado, y queda pendiente de una reunión de la presidenta madrileña con el ministro de Economía en septiembre.
Caso Mintra
Quizás el caso más sangrante y el aspecto más burdo del enfrentamiento del Gobierno con la comunidad de Madrid sea el que se refiere a la empresa mixta de infraestructuras de transporte Mintra. Eurostat ha considerado siempre que la deuda de Mintra no tiene que computarse como parte de la deuda de la comunidad presidida por Esperanza Aguirre.
Pero el criterio de la agencia europea de estadistica cambió en febrero. Eurostat decidió entonces que Mintra había de incluirse en el sector de Administraciones Públicas, lo que significa que automáticamente su deuda, de 6.000 millones de euros, pasa a sumarse a la de la comunidad autónoma. Eurostat depende del comisario de Asuntos Económicos de la Unión Europea, el dirigente socialista Joaquín Almunia. Se da la circunstancia de que días antes de que Eurostat cambiara su criterio, Rafael Simancas se había reunido con Almunia, así como con Javier Solana. Tras conocerse la decisión de Bruselas, Simancas no ocultó su alegría por la noticia.
El asunto no acaba aquí. En su última reunión con el presidente del gobierno, Esperanza Aguirre le preguntó por la actitud del ejecutivo en Bruselas al respecto de la recalificación de Mintra. Rodríguez Zapatero afirmó que no era una decisión política del Gobierno y que "ellos no habían tenido nada que ver". Pero Aguirre declaró al día siguiente de reunirse con Zapatero que en su momento la comunidad de Madrid hizo las gestiones pertinentes para aclarar el asunto y en Eurostat les respondieron que lo único que han hecho es seguir "los criterios del Gobierno español". Es más, el gobierno de Rodríguez Zapatero, según Eurostat, tiene derecho a recurrir la decisión, pero no lo hizo. Debería haber entregado unos informes sobre la empresa mixta, pero tampoco lo hizo. En consecuencia, Eurostat no ha revisado su decisión de recalificar a la empresa madrileña.
La decisión de Eurostat coincide con los criterios del gobierno español, y en concreto del ministro de Economía, Pedro Solbes. Cabe recordar que cuando Solbes ocupaba el puesto de comisario de Asuntos Económicos, cargo que ahora mantiene Joaquín Almunia, Eurostat mantenía su criterio de que Mintra era una empresa comercial.
Infraestructuras
Esperanza Aguirre dice que las inversiones del Estado se han paralizado en la comunidad que ella preside, y pone varios ejemplos. Aguirre afirma que "la comunidad de Madrid ha sufrido este año una disminución de inversiones previstas del 25 por ciento" y critica al gobierno por "haber suspendido" la construcción de la R-1 de salida de Madrid y del cierre norte de la M-50 por debajo del monte del Pardo. María Teresa Fernández de la Vega, respondió que la comunidad de Madrid "es una prioridad para este gobierno" y retó "a cualquiera" que esta autonomía sea objeto de un trato discriminatorio por parte del Ejecutivo central.
Después del desplante de la ministra de Fomento Magdalena Álvarez a Esperanza Aguirre, ya que se reunió con el alcalde de Madrid sin dar noticia de ello a la comunidad madrileña, las dos dirigentes mantuvieron una reunión en la Casa de Correos, sede de la comunidad de Madrid. En ella, Aguirre expresó ante Álvarez que "la situación de las infraestructuras en Madrid está al borde del colapso". También expresó su incomprensión por la oposición del ministerio a los planes de Aguirre de llevar el tren de cercanías a Navalcarnero, pese a que la comunidad se ha comprometido a financiarlo al cien por cien.
Conflicto sobre el agua
En plena sequía, cuando el líquido elemento se hace más escaso, el agua se ha sumado a la lista de conflictos de la comunidad madrileña con el gobierno central. La Confederación Hidrográfica del Tajo tomó la decisión de hacer trasvases desde varios embalses del sur de Madrid a un área de Castilla-La Mancha, sin informar de ello a la comunidad madrileña. Esta decisión ha preocupado al gobierno de Esperanza Aguirre, que en su última reunión con Zapatero le exigió que garantizara el consumo para los madrileños. El presidente se comprometió a ello, sin decir exactamente el modo en que lo haría. Aguirre también ha lamentado que se hayan paralizado algunas infraestructuras hidráulicas en la comunidad.
Los "desaires" institucionales del gobierno a Esperanza Aguirre
Si la política consiste en gran parte en gestos y actitudes, la que mantiene el gobierno central hacia Esperanza Aguirre no parece muy respetuosa. Para su última reunión con el presidente ha tenido que esperar dos meses, en contraste con otros presidentes autonómicos, incluso populares, que solo tuvieron que esperar unas semanas. Además, la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega llegó una hora tarde a la celebración del día de la Comunidad, quizás el acto en el que más clao se vio las desavenencias entre las distintas administraciones, incluido el Ayuntamiento de MAdrid, cuyo regidor, Alberto Ruiz Gallardón ha estado más cerca del Gobierno del PSOE que del de la comunidad. Tras el acto, esperanza Aguirre se vio obligada a enviar una carta al presidente erelatando los agravios a Madrid. LA vicepresidenta, como no se podía dduar, lo negó.
Por otro lado, la ministra de Fomento, Magdalena Álvarez, se reunió con el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, sin que diera aviso de la reunión a la Comunidad, es más, sin que se la invitara, cuando iban a tratar cuestiones que también afectaban a sus competencias. Poco tiempo después la titualr de Fomento anunció un plan de carriles bus para Madrid sin contar con la opinión de la comunidad. El plan carecía de presupuestos. Tampoco se le informó a Aguirre de los planes del gobierno para la financiación de la Sanidad del que han tenido conocimiento algunos otros presidentes regionales, más aún cunado presuntamente el sistema ha de ser pactado. Son solo unos ejemplos entre otros.
El traslado de la CMT
El gobierno decidió trasladar la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones (CMT) a Barcelona. El alcalde de la ciudad condal, Joan Clos, había manifestado su deseo de que se trasladara al área del Forum 2004. La vicepresidenta primera del gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, justificó la decisión diciendo que "España no empieza ni termina en Madrid".
Sin embargo, tanto los trabajadores del organismo como su presidente, Carlos Buetelo, se opusieron a la decisión del Gobierno. También la comunidad de Madrid, que recurrió la decisión ante el Supremo. El tribunal ha admitido a trámite el recurso, por lo que la decisión está sub iudice.
Eurocopter
Esperanza Aguirre expresó en su día que lamentaba que el Gobierno de Rodríguez Zapatero decidiera llevar la construcción del helicóptero "Tigre" a Albacete, medida que anunció en el debate sobre el Estado de la Nación. La presidenta de la comunidad de Madrid había luchado porque el proyecto se llevara a Getafe, que calificó de "cuna de la aviación". Pero la localidad del sur de Madrid se quedará "como estaba", pues "no va a venir nada nuevo" pese a que cuenta "con la ingeniería industrial más importante de España".
La construcción de los "Tigre" implica 450 empleos directos, 385 indirectos y 900 inducidos, que suman un total 1.735 empleos y 11,8 millones de horas de trabajo. Dentro del plan de modernización del Ministerio de Defensa, el proyecto de helicópteros de combate Tigre es uno de los más destacados junto con los relativos al carro de combate Leopardo, fragatas F-100, aviones Eurofigther-2000, aviones A-400M y vehículos de combate de infantería Pizarro.