L D (Agencias) El Consejo de Ministros ha aprobado el primer anteproyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado del Gobierno socialista, que todavía deberán pasar los debates y votaciones correspondientes en el Congreso y el Senado.
La falta de mayoría absoluta del Partido Socialista ha provocado numerosas exigencias entre los distintos grupos parlamentarios, aunque, después de las primeras reuniones, los apoyos aún no están garantizados.
Según el vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes, los presupuestos pretenden impulsar el cambio de modelo económico, contribuir a la estabilidad, incidir en las necesidades sociales y reforzar la transparencia. Las prioridades de gasto serán el incremento de la productividad (I+D+i, infraestructuras y educación), el gasto social y la estabilidad presupuestaria.
Mientras se va agotando la vigorosa inercia que mantenía la economía española y la escalada del precio del crudo amenaza al crecimiento económico internacional, el Gobierno socialista confía en que el aumento de la productividad espolee el crecimiento español y la creación de empleo. Solbes prevé un crecimiento económico del 3 por ciento para el año que viene (basándose en un precio del crudo de 33,5 dólares, cuando actualmente supera los 40), y un superávit público de 1 décima, todo esto con un aumento del gasto no financiero del Estado del 6,2 por ciento, superior al del ejercicio anterior.
Estas cuentas, con más gasto y superávit, necesitan, por fuerza, más ingresos, es decir, más impuestos. Aunque el PSOE se había comprometido a no subirlos, Solbes ha reconocido que se aumentarán los impuestos al alcohol y al tabaco y no descarta utilizar los doscientos millones de euros que prevé recaudar con ellos para ayudar a las comunidades autónomas a financiar su sanidad. "Me parece que es una idea que tiene sentido", afirmó el vicepresidente, quien puntualizó, sin embargo, que esa idea tendría que ser consecuencia de un debate más general en su día.
Preguntado por una posible subida de la presión fiscal, Solbes dijo que "nuestro objetivo es mantener al máximo" la actual y no incrementarla, aunque precisó que las cifras no se conocerán hasta la semana que viene-
Además, el Gobierno ha aprobado la deflactación de la tarifa del IRPF, o lo que es lo mismo, descontar del IRPF la subida prevista de la inflación, que según el Gobierno supondrá un ahorro para los contribuyentes de cerca de 175 millones de euros. En la práctica, deflactar supone aplicar a los tramos del IRPF la inflación prevista, con el fin de evitar que esta subida salarial igual al IPC estimado –lo que incrementa el sueldo pero no el poder adquisitivo– genere para el contribuyente el pago de mayores impuestos.