Cuatro expedientes fueron utilizados por Allende para "incrementar el poder económico del estado y expandir el área de ‘propiedad social’ a expensas de las empresas capitalistas y la burguesía". A saber: la intervención directa de empresas; la adquisición de acciones por el estado a través de los fondos presupuestarios y de un masivo déficit público; las requisas de aquellas empresas privadas que "habían fracasado en cumplir sus cuotas de producción o en mantener el abastecimiento" y finalmente la que acabó siendo conocida como "Operación Asfixia".

En la "transición democrática al socialismo" se trataba de utilizar todos los resortes que proporcionaba la legalidad establecida. De este modo, se resucitó una legislación que apenas había sido aplicada desde su aprobación en 1932. El Decreto Ley 520 justificaba la "intervención del poder central en todas las industrias productoras de artículos de primera necesidad que infrinjan las leyes de funcionamiento establecidas por las autoridades administrativas". Esta norma fue utilizada por el Gobierno para nombrar interventores estatales que fiscalizasen el funcionamiento de multitud de compañías privadas con el más leve pretexto. Así, una de las tácticas favoritas era provocar disputas laborales y huelgas en las compañías, a través de las células de Unidad Popular y del Frente de Trabajadores Revolucionarios (FTR) —el sindicato del terrorista Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR)— y después alegar que las empresas estaban fallando a la hora de mantener la producción y atender determinados pedidos básicos.

También el gobierno de Salvador (curioso nombre para tan siniestro personaje) Allende se apoderó del sistema bancario chileno. La toma de control por parte del estado de la mayoría de los bancos privados, se llevó a cabo a través de la Corporación Estatal de Fomento (CORFO) que se convirtió en una gigantesca compañía de compra de acciones mediante el manejo de los dineros públicos. Éstos fueron obtenidos tanto por vía de impuestos como de la intensiva impresión de papel moneda. En ocasiones, incluso bastó la simple amenaza de confiscación para sembrar el pánico entre los accionistas, hundir el valor de los títulos y poderlos adquirir a precios irrisorios. La masiva inflación monetaria y las "medidas para combatirla" sirvieron además para establecer un control policíaco sobre la población, que de otro modo hubiese sido inaceptable.

En una entrevista concedida a la revista Der Spiegel, el Ministro de Economía Carlos Matus confesaba: "Si se considera con criterios económicos convencionales nos encontramos, en efecto, en una situación de crisis... Pero lo que es crisis para algunos, para nosotros es solución." La elevada inflación justificó el establecimiento de precios máximos que automáticamente habrían de conducir, como nos explica la Ciencia Económica, al desabastecimiento. Esta carestía, a su vez, sirvió como pretexto para que el gobierno impusiese un sistema de racionamiento que dio a los comités de vecinos —Juntas de Abastecimiento controladas, naturalmente, por los marxistas— considerables poderes para vigilar la vida cotidiana de la población. Al mismo tiempo, manteniendo bajos, por decreto, los salarios de los trabajadores cualificados y los profesionales en tiempos de una desatada inflación, el gobierno iba debilitando la estructura de la clase media chilena.

El objetivo como vimos, era la concentración de todo el poder en manos de los partidos marxistas. Al erosionar las "bases económicas de la burguesía" a través de la redistribución inflacionaria y el control estatal de las compañías privadas, los estrategas marxistas esperaban cambiar el equilibrio de poder de la sociedad chilena. Con el mismo objetivo se puso en marcha la "Operación Asfixia". Se trataba de utilizar de forma discriminatoria e intensiva el poder que se había arrogado el estado para controlar precios, establecer cuotas de producción y racionar a voluntad las reservas necesarias para las importaciones. Al fijar los precios de fabricación de acuerdo a criterios políticos, muchos industriales se encontraron con que tenían que vender sus productos a precios pre-inflacionarios, a pesar del enorme aumento del coste de la mano de obra y las materias primas. Mediante el control de las reservas y las licencias de importación, el Gobierno pudo negar divisas y autorizaciones para adquirir repuestos, por ejemplo, a estaciones de radio o periódicos de la oposición. El experimento chileno volvía a poner de manifiesto una verdad que ya los economistas austriacos Ludwig von Mises y F.A. Hayek habían adelantado: el control por el estado de la economía es el Camino de servidumbre que acaba estrangulando las libertades individuales, la vida privada y el pluralismo ideológico.

Tres años de experimentos socialistas bastaron para que Chile se hallase al borde de una guerra civil. El país se encontró finalmente sin reservas para importar siquiera los aprovisionamientos más básicos. La producción estaba cayendo al ritmo del 10% anual tras haber colocado el gobierno al frente de las industrias nacionalizadas, a incapaces comisarios políticos en sustitución de los anteriores dueños y administradores. En medio de una hiperinflación de cuatro dígitos, las tiendas se encontraban desabastecidas y la mayoría de los bienes de primera necesidad sólo podían encontrarse en el mercado negro.

Finalmente, la crispación social se hizo evidente. Con la connivencia gubernamental, grandes stocks de armamento (principalmente checoslovaco) estaban siendo introducidos en el país y acumulados en los cordones industriales. Con ellos, el MIR se ocupaba en desarrollar la estrategia de un "poder dual" paralelo al gobierno, con milicias armadas y entrenadas por hasta dos mil asesores, sobre todo cubanos, norcoreanos y checos. El objetivo era agilizar la transición al socialismo mediante ocupaciones ilegales de fincas y empresas, así como de asesinatos selectivos de opositores. Igualmente se preparaban para luchar una guerra civil contra las Fuerzas Armadas que, según era evidente, estarían seguramente dispuestas a pelear antes que ver su papel usurpado por una emergente milicia revolucionaria y su país atrapado en las garras del marxismo. Efectivamente, el 11 de septiembre de 1973, tropas bajo la autoridad del general Augusto Pinochet cercaron el Palacio de la Moneda donde se alojaba un Allende que acabaría suicidándose. De este modo concluyó el trienio marxista chileno. Sirva este recordatorio para explicar las auténticas realidades económicas y políticas de un periodo que, todavía hoy, sigue siendo contemplado con nostalgia por la izquierda internacional.

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