La carta de despedida de Alfonso XIII decía:
Las elecciones celebradas el domingo, me revelan claramente que no tengo el amor de mi pueblo. Mi conciencia me dice que ese desvío no será definitivo, porque procuré siempre servir a España, puesto el único afán en el interés público hasta en las más críticas coyunturas. Un Rey puede equivocarse y sin duda erré yo alguna vez, pero sé bien que nuestra patria se mostró siempre generosa ante las culpas sin malicia. Soy el Rey de todos los españoles y también un español. Hallaría medios sobrados para mantener mis regias prerrogativas en eficaz forcejeo contra los que las combaten; pero resueltamente quiero apartarme de cuanto sea lanzar a un compatriota contra otro, en fratricida guerra civil.
No renuncio a ninguno de mis derechos, porque más que míos son depósitos acumulados por la Historia de cuya custodia me han de pedir un día cuenta rigurosa. Espero conocer la auténtica expresión de la conciencia colectiva. Mientras habla la nación suspendo deliberadamente el ejercicio del Poder Real reconociéndola como única señora de sus destinos.
También quiero cumplir ahora el deber que me dicta el amor de la Patria. Pido a Dios que también como yo lo sientan y lo cumplan todos los españoles.
La carta es un perfecto contrasentido. Las elecciones no le habían demostrado que había perdido "el amor del pueblo", más bien lo contrario, prescindiendo del hecho de que en aquel momento no se conocían siquiera las votaciones totales, que la república nunca hizo públicas (¡y por algo!). La afirmación de que sus derechos son un irrenunciable depósito de la Historia choca con la evidencia de su renuncia práctica, máxime cuando asegura tener los medios de hacerlos valer eficazmente. En suma, dice huir de sus derechos (y responsabilidades) por temor a una "guerra fratricida", entonces extremadamente improbable y cuya responsabilidad recaería en todo caso sobre quienes la desataran, es decir, los republicanos. A los enemigos de la monarquía (y de la democracia y las libertades, muchos de ellos) les bastaba amenazar, ni siquiera amagar, con la guerra civil, para que el rey abandonara al "depósito de la Historia" y "el amor de su pueblo".
El pueblo, la gran mayoría de él, percibió de forma algo confusa, pero intensa, la abyección de la conducta de los monárquicos y del propio monarca, y entonces fue cuando realmente "se despertó republicano" y los condenó a todos ellos. En las elecciones siguientes los partidos monárquicos desaparecieron y la derecha en pleno casi se vino abajo. Solo los desmanes perpetrados una y otra vez por las izquierdas fueron haciendo cambiar a gran parte de la opinión pública, que en menos de tres años dio la victoria al centro derecha. Pero no a los monárquicos. Y en 1936 el levantamiento militar y popular no se hizo en absoluto por el trono, salvo en minorías ínfimas. Sin el franquismo, la monarquía jamás habría vuelto, o habría llegado al terminar la guerra mundial impuesta por los tanques anglosajones, y seguramente habría durado muy poco. Solo la situación de prosperidad, reconciliación y olvido de las viejas pasiones resultante del franquismo ha permitido una monarquía democrática relativamente estable, y hoy nuevamente en posición dudosa.
La legitimidad de la República nace, por tanto y precisamente, de la renuncia del rey y de los monárquicos. Debido a sus pretensiones "revolucionarias", los republicanos pretendieron negar el hecho y legitimarse por las votaciones municipales del 31, lo cual es una obvia falacia. Incluso llevaron su necio sectarismo hasta perseguir sañudamente al rey que les había regalado el poder, como recuerda Miguel Maura.
No solo tuvo la República esa legitimidad de origen, también la tuvo de ejercicio: amplió las libertades, estableció una constitución en principio democrática, a pesar de su sectarismo, y abordó problemas que se arrastraban de lejos, aunque la izquierda lo hizo con su tradicional demagogia e ineptitud. La gran masa de la derecha relegó la monarquía a un impreciso e improbable futuro, aceptó la democracia republicana y se propuso la reforma de la misma dentro de la ley; un programa coherente. Y los monárquicos volvieron a la carga... renunciando a su propia tradición liberal.
Quienes destruyeron el proyecto de democracia republicana, hoy está bien documentado, fueron las izquierdas y los separatistas. El hecho de que, ante tal experiencia, las derechas –el mismo Franco que en 1930 defendía la democratización del país– concluyeran que la democracia no podía funcionar en España (y no podía funcionar en aquellas condiciones) e instauraran un régimen autoritario ha provocado un extremo confusionismo, permitiendo presentarse como republicanos y demócratas a las mismas izquierdas y separatismos que arruinaron las libertades y la república.
De esa tremenda confusión nacen muchos de los peores males políticos de hoy, y por eso clarificar la historia constituye una labor urgente para sanear y afianzar nuestra convivencia en libertad.