Cien miligramos de Tranxilium intravenoso y dos ampollas de cloruro mórfico (CLM), de 20 miligramos cada una. Ese fue el derecho que el doctor Montes no consensuó, sino que impuso con frecuencia a sus pacientes, careciendo de autorización de los enfermos o de sus familias para la sedación terminal en un buen número de casos.
Cierto es que la Justicia no pudo actuar contra él, porque el tiempo transcurrido impedía hacer las autopsias que hubieran determinado, más allá de toda duda razonable, si su cóctel fue la causa de la muerte de tantos de sus pacientes. Como también lo es que los peritos designados por el Colegio de Médicos de Madrid, pese al corporativismo reinante en la profesión, dictaminaron que fue una mala práctica médica y pudo haber sido la causa de la muerte de los ancianos que acudieron al Hospital Severo Ochoa a que los curaran. Y como también lo es que dos de los tres jueces que decidieron suprimir toda referencia a la mala praxis de Montes y los suyos eran abajofirmantes de un manifiesto a favor de la eutanasia, lo que produce más de una "duda razonable" sobre sus razones para semejante dictamen.
Ahora, el mismo personaje afirma que "la vida es un derecho" –aunque no se sabe si de todo ser humano, o sólo de los médicos para disponer de él– y que "los derechos no se consensúan, se conquistan". Es decir, que se debe aplicar el rodillo de la imposición partidista de un modelo de sociedad que a un gran número de españoles les repugna, sólo porque a Montes y sus acólitos les parece un "derecho".
Pero las declaraciones del anestesista no habrían recibido ninguna atención si no se hubiera convertido en el ideólogo de cabecera del Gobierno en el frente de la eutanasia, uno de los muchos abiertos por el PSOE para, según los populares, distraer la atención de la crisis económica. Olvidan así que mientras Fraga hablaba del precio de los garbanzos, los socialistas acometieron con éxito el cambio más radical en los valores morales de los españoles del que se tiene noticia, algo que les permitió despenalizar el aborto en varios supuestos sin que la opinión pública se les echara encima.
Renunciar a defender unas ideas para limitarse a vender una gestión más eficaz es dimitir de la responsabilidad política, de la representación de los votantes propios. Además, por supuesto, de apuntarse al papel de eterno segundón en una carrera de dos. Gracias a esa renuncia, Zapatero podrá aprobar una serie de leyes concernientes a la eutanasia, el aborto o la laicidad sin un debate ni una contestación similar a la provocada por el matrimonio homosexual o la Educación para la Ciudadanía, al menos desde el PP. Que toca ser centrista.