El reconocimiento por parte del Congreso de los derechos de los simios supone una muestra más del distanciamiento creciente entre la élite gobernante y la ciudadanía. Mientras la crisis económica amenaza los bolsillos de los españoles, nuestros políticos dedican su tiempo a apoyar medidas que desafían a la razón. No es la primera vez que los socialistas pretenden equiparar a los orangutanes, chimpancés, bonobos y gorilas a los seres humanos, pero parece que, en esta ocasión, la negativa acomplejada de los populares y una mayoría más holgada del PSOE han permitido que la adhesión al proyecto Gran Simio sea una realidad.
Cuando muchas de las leyes promulgadas en España no respetan los derechos individuales de los ciudadanos –como la Ley Antitabaco o la limitación de horarios comerciales–, los socialistas y sus socios nacionalistas pretenden que se garanticen derechos exclusivamente humanos a los simios. Derechos que, llevados a sus últimas consecuencias, desvirtúan los de los humanos y conllevarían la extensión de esta igualdad a despropósitos tales como otorgar a los animales el derecho al voto o la libertad de conciencia. Como dijo el humorista liberal P. J. O' Rourke, "la naturaleza tendrá sus derechos tan pronto como tenga obligaciones. En el instante en que veamos pájaros, árboles, bichos y ardillas recogiendo basura, dando dinero por caridad y vigilando a nuestros niños en el parque, entonces les dejaremos votar".
Se trata de una iniciativa englobada en una estrategia más amplia con la que el ecologismo radical pretende imponer una visión catastrofista que sitúa al hombre como culpable y causante de todos los males reales e imaginarios que afectan al planeta. Una "agenda verde" más conservadora que progresista que busca devolver al hombre a su estado natural, ese en que la esperanza de vida no alcanzaba los treinta años, que descalifica al progreso como contrario a la naturaleza y eleva a los animales a los altares de la nueva religión ecologista cuyos dogmas de fe no pueden ser discutidos.