Ahora que se ha aprobado el canon digital, y que ignoramos si el PP también lo ha incluido dentro de su "nuevo rumbo", se hace necesario recordar que supone una injusticia para quienes lo pagan, a los que se presupone culpables de emplear sus aparatos y soportes digitales para copiar obras protegidas con derechos de autor. Nuestro Estado de Derecho está fundado bajo una premisa, la de que se es inocente hasta que se demuestre lo contrario. El canon digital es un regalo de un Gobierno de izquierdas a un grupo de privilegiados que, quién nos lo iba a decir, resulta que apoyan mayoritariamente al Ejecutivo.
La aprobación de la tasa ha dejado claro, por otra parte, su arbitrariedad. Supuestamente impuesta para compensar por las copias privadas que puedan hacer los usuarios, se cobra una tasa única para dispositivos de distinta capacidad en los que, por tanto, se puede guardar un número distinto de canciones o vídeos. Hasta tal extremo se llega que se cobra una cifra distinta a las impresoras dependiendo de si son láser o de tinta. Especialmente grave es el caso de los discos duros, porque nos habían prometido, y así había quedado reflejado en la ley, que estarían exentos de pagar canon. Sin embargo, como dejaron al libre albedrío del Ejecutivo la definición de qué es un disco duro, finalmente los compradores tendrán que pagar 12 euros más por ellos.
Y todo por satisfacer a un grupo de presión que insiste en que se está matando la cultura. Pero la cultura no desaparecerá porque la gente se descargue música y películas por internet, ni porque se suprima el canon. Lo que debe cambiar y acabará cambiando es la forma de ganar dinero con ella. Ya querrían muchos otros poder captar la atención del público de la manera en que lo hace la música o el cine, y eso no les impide ganar dinero monetizando un grado de atención menor. El futuro está ahí, y no en intentar parar las agujas del reloj con la ayuda inestimable e imprescindible de los políticos.