La batalla se prevé dura en Bruselas. La Comisión Europea se ha propuesto estudiar el problema que supone el canon digital en el mercado comunitario, de modo que empresas tecnológicas y entidades de gestión de autor. Las primeras proponen armonizar la regulación y las tarifas del canon digital allí donde se aplica, que es toda la UE a excepción de Irlanda y el Reino Unido. Es una medida que recuerda demasiado a las propuestas de unificar impuestos, y resulta igualmente restrictiva para la competencia entre países. Aquellos que impongan la tasa más barata deben tener derecho a beneficiarse de las consecuencias de su decisión, entre ellas la de ser un mejor mercado para la industria tecnológica o incluso, si las diferencias son suficientemente grandes, la de proveer a consumidores de otros países europeos.
Ahora bien, los peros que puedan ponérsele a la industria tecnológica se quedan en meras discrepancias de matiz cuando se compara su actitud con la de las entidades de gestión de derechos de autor. La SGAE y sus compañeras europeas quieren meter en la cárcel a quienes no paguen el canon. No sólo pretenden arruinar a pequeños empresarios como es el caso de Ana María, de Traxtore, sino que además los quieren ver en prisión. Y eso, con ser lo más escandaloso, no es todo. También piden que las tiendas virtuales apliquen el canon del país del consumidor y que en caso de no hacerlo se les cierre la web. Además, exigen tener acceso a la información fiscal de las empresas para ver si cumplen. En definitiva, aspiran a ejercer de policía y juez a un tiempo en todo lo que se refiera al canon.
No sabemos qué se decidirá en Bruselas. Lo único sobre lo que no nos cabe duda es lo que contestarían los europeos si se les preguntara a quién se debe meter en la cárcel de entre todos los implicados en este guirigay del canon digital. Pero como la opinión pública en Bruselas cuenta poco, las entidades de recaudación pueden albergar cierta esperanza de ver cumplidos al menos algunos de sus deseos. Esperemos que impere la cordura y la UE no siga la misma senda de criminalización de los ciudadanos que ejercen sus derechos en libertad que tanto gusta recorrer al Gobierno progresista que padecemos.