Pintoresca la excursión del camión militar que ingresó irregularmente en Arica, Chile, con 20 soldados y un coronel peruano. Sabemos que un sargento de Carabineros estaba a cargo del complejo fronterizo de Chacalluta, única vía terrestre habilitada entre Perú y Chile, con decenas de funcionarios. Lo que no sabemos es quiénes estaban vigilando el resto de la frontera.
El policía, cuyo nombre se mantiene en reserva –presumo, por razones de seguridad nacional–, es el único procesado por este acontecimiento. Injustamente, se le reprocha su encomiable iniciativa de asumir el control total de la situación y, sin más, dejar que el convoy regresara raudo al Perú tan libremente como había entrado.
Sensato y diligente el carabinero. Lo inútil era hacer frente al destacamento comandado por el coronel, que pudo haber cruzado la frontera, con su regimiento completo, sin percatarse. Era imposible apresar e incautar el armamento. Circunspecto el sargento: evitó un incidente diplomático. Ahora recibe el pago del Estado chileno: procesado y en el anonimato. Probablemente pensó que con la vía libre, sin alharacas, el bochorno pasaría desapercibido. Después se dieron los avisos burocráticos al coordinador del complejo aduanero, al cónsul peruano, a Policía Internacional, al SAG, al gobernador, al general de Carabineros y al de Ejército, de Arica y de ahí hacia abajo y hacia arriba. Todo esto de acuerdo con los reglamentos.
Total, la infracción estaba en otra parte y en otros manuales: en el hito 19, lugar de entrada de los militares, y en la cartilla de procedimientos fronterizos, acordada durante el Gobierno de Pinochet y el de Alan García, en su anterior etapa. Ahí está muy clarito, incluso con mapas, que los contingentes armados no pueden acercarse a cierta distancia del límite, y que las maniobras en zonas fronterizas deben comunicarse por escrito y con anticipación a los ministerios de Defensa y de Relaciones Exteriores de los dos países. Velar por esos procedimientos no era responsabilidad del juicioso sargento. El problema no es la salida, sino el ingreso irregular en el país. Esta vez fueron soldados, pero lo frecuente es que sean miles de sin papeles y algunos narcotraficantes.
Como en Chile todo se sabe, el ministro de Relaciones Exteriores pidió explicaciones al Perú. Otro bochorno: a la Cancillería no se le había informado que los militares y el gobernador habían dado por superado el incidente. Es difícil coordinarse en Chile. Eso lo tienen claro los excursionistas uniformados, que celebrarán de por vida su experiencia, intrigados por la falta de control en la frontera y por la discusión limítrofe en la Corte de La Haya.
