Si es minoritario, entonces hay que protegerlo de la malvada lengua imperialista. Si es mayoritario, hay que defender "los derechos lingüísticos" de una sociedad que "en su mayoría habla gallego". La excusa da lo mismo; lo importante es prohibir en todos los ámbitos posibles el uso del castellano, la lengua común de todos los españoles. Los nacionalismos periféricos han evolucionado desde sus orígenes aranistas y ya no usan argumentos racistas, que queda feo, sino lingüísticos, que al parecer es de lo más progresista, propio de una España plural en la que se amplían los derechos de los ciudadanos.
Las lenguas no tienen derechos, porque sólo los individuos pueden tenerlos. Y el derecho asociado a la lengua es la libertad de emplear la que estime oportuno. También en los comercios. La iniciativa del BNG de obligar a rotular en gallego es, por tanto, totalitaria de raíz, por cuanto pretende someter la libertad individual a sus designios mesiánicos.
Puede concluirse que la administración pública, la que pagamos todos si no queremos sufrir las consecuencias, tiene la obligación de comunicarse con los ciudadanos en los idiomas que éstos entienden. Pero el ámbito público y el privado son distintos. Y tenemos más libertad cuantas más cosas podamos hacer en este último. Si resulta que a alguien le molesta que un restaurante tenga el menú en castellano, o en chino, tiene plena libertad para irse a otro. Obligar al dueño a escribir su menú en un idioma al gusto de los totalitarios de turno no defiende los derechos de nadie; los arrolla.
Los nacionalistas, por supuesto, lo saben perfectamente. Pero sería un detalle que los populares lo recordaran con algo más de ahínco. Pero no, parece que después de promover la normalización lingüística en tiempos de Fraga, ahora se callan ante las amenazas del BNG de ampliarla. Galicia es una de las regiones en las que más votos ha perdido el PP. Quizá es que gallardonear no sólo es una traición a los principios, sino que ni siquiera sale rentable electoralmente.