Unos de los rasgos más sorprendentes y admirables de la reacción del padre de Mari Luz –la niña recientemente asesinada en Huelva–, al conocer la detención y el nombre del presunto asesino de su hija, ha sido su serenidad y su confianza en que el Estado de Derecho hará justicia. No es, ciertamente, frecuente una reacción así, si tenemos en cuenta tanto lo perturbador que puede llegar a ser para un padre el dolor provocado por el asesinato de una niña, como el hecho de que su asesino sea, además, un conocido pederasta que gozaba de total libertad, pese a unos antecedentes de abusos a menores que incluían los perpetrados contra su propia hija, una niña de cinco años.
Por aquel delito continuado de abusos a menores, los ahora detenidos Santiago del Valle y su mujer, fueron condenados en 2002 a una pena no superior a los dos años y nueve meses de cárcel y les retiraron por un periodo de seis años la patria potestad sobre su dos hijos, que en la actualidad están tutelados por la Junta y en acogimiento con otra familia. Y eso, que el juez, pese a detectar en ambos una esquizofrenia paranoide, sentenció que los condenados eran "plenamente conscientes" de los hechos.
Con independencia de lo ajustado a la ley que fuera esa exigua condena, lo cierto es que el ahora detenido pronto volvió a las andadas, como deja en evidencia la denuncia y posterior orden de alejamiento que recibió tras mantener un chateo de índole sexual con una estudiante de un instituto de Gijón. Posteriormente, el pederasta fue expulsado del mismo colegio en el que estudiaba Mari Luz donde cursaba educación de adultos por propasarse con las estudiantes.
Aunque no todos tengan un desenlace tan fatal como el asesinato de una niña, las tasas de reincidencia en los delitos contra la libertad sexual –algunos perpetrados en tercer grado o durante permisos de fin de semana– es de tal envergadura que es necesario, tal y como por cierto reclamaba el PP en su programa electoral, un endurecimiento de las penas y del régimen de vigilancia.
Si grave es que el sistema de administración de justicia se rija en estos casos sobre el principio de la terapéutica, más que sobre el de la responsabilidad, sorprende la puesta en libertad de "enfermos" que tan pocas evidencias muestran de estar curados.
En cualquier caso, la Justicia en la que los padres de Mari Luz han depositado su confianza reclama cárcel, y no hospital, para el asesino de su hija. Es la única justicia que merece tal nombre: la que disuade y castiga delitos tan abyectos como los que ha sufrido su hija, y no, desde luego, esa lenidad, cuasi impunidad, que no reinserta a nadie salvo en el delito.
