Si hay algo que merece destacarse de la política antiterrorista del PP es que descansó sobre el Estado de Derecho. Policía y Guardia Civil persiguieron con más eficacia que nunca a los terroristas, y no pararon ni siquiera cuando éstos se declararon en tregua trampa. La Ley de Partidos permitió a los jueces del Tribunal Supremo ilegalizar Batasuna y a sus sucesivos herederos concediéndoles todas las garantías legales en el proceso. Es la forma democrática de luchar contra ETA.
El PSOE, en cambio, ha sido incapaz durante sus dos etapas de Gobierno de confiar en el Estado de Derecho. Ya sea organizando una banda terrorista como el GAL o jugándose nuestras libertades y nuestro marco de convivencia con la ETA a cambio de que deje de matar, los socialistas nunca han apostado por la eficacia de las leyes y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
Sin un marco legal que se aplique al margen de circunstancias y coyunturas políticas no existe democracia liberal. Por eso, la mayor amenaza que pueda existir a nuestras libertades son gobiernos que consideren que pueden pisotear el Estado del Derecho y, sobre todo, jueces y fiscales que se presten a ser el brazo armado de la política en la judicatura. Porque ningún Gobierno puede pervertir la Justicia si quienes la forman son hombres y mujeres libres que no permiten que la influencia política destruya el ideal al que sirven. Y muchos, seguramente la gran mayoría, lo son, pero bastan unos pocos para destruir la labor sorda de la mayoría.
Garzón ha ordenado la suspensión cautelar de las actividades de PCTV y ANV. Es una gran noticia, de la que nos alegramos. Pero es una noticia que debería haber llegado hace mucho tiempo, pues pruebas tenía de las actividades de estas formaciones. Pero prefirió que su toga se ensuciara con el polvo del camino, como por otra parte ha hecho siempre. El Tribunal Supremo, en cambio, tenía las manos atadas. Ya advirtió a Fiscalía y Abogacía del Estado que deberían haber presentado la ilegalización de ANV y no la anulación de una parte de sus listas. Ahora, en cuanto se lo han pedido, ha accedido, como lo hubiera hecho si en lugar de esperar hubiese presentado su solicitud antes de que estas organizaciones se presentaran a las elecciones.
Los proetarras, ante esa situación, se quejarán de que esto es una persecución política que nada tiene que ver con la Justicia. Lo han hecho siempre, como acusan siempre de torturas a los agentes que los detienen. Pero resulta especialmente triste tener que reconocer que, en este caso, tendrán razón. La obligación de los tribunales es actuar en cuanto se tiene conocimiento del delito, no esperar a que quede un mes para las elecciones y así favorecer la nueva imagen de su amo político. La de los fiscales, hacer cumplir la ley, no obedecer al Gobierno. Y, sin embargo, tanto Garzón como Conde-Pumpido y sus subordinados han preferido destruir la imagen de la Justicia española, convirtiéndose en sus mayores enemigos. Mucho tiempo costará reparar este daño, si es que se consigue.
Nuestras libertades no pueden sobrevivir sin un poder judicial separado e independiente de los vaivenes políticos. La alegría que supone que los proetarras no puedan presentarse en las elecciones generales queda así empañada, primero, por su permanencia en las instituciones vascas, pero sobre todo por la burla al Estado de Derecho que supone tener una Justicia que actúa según las necesidades electorales del PSOE.
