El respeto de la derecha social y política a las decisiones judiciales, que les lleva al exceso de reprimir cualquier crítica hacia ellas, ha permitido a la izquierda anotarse un tanto propagandístico en un asunto en que llevaba todas las de perder, como el del Hospital Severo Ochoa de Leganés. Desde el punto de vista político, toda discusión sobre la actuación de la Comunidad de Madrid retirando de su cargo al doctor Montes debería haber terminado cuando el Colegio de Médicos dictaminó que hubo mala praxis en el servicio de urgencias dirigido por él. Su destitución de un puesto de confianza del que, de todos modos, podía ser apartado sin explicación ni causa ninguna, se demostró en ese momento plenamente justificada.
Sorprende, en todo caso, que la Audiencia Provincial de Madrid haya decidido admitir el recurso de Montes y eliminar de la sentencia toda referencia a la mala praxis. Es jurídicamente irreprochable que, ante la imposibilidad de conocer con certeza la causa de la muerte de los sedados por no poder hacerse las autopsias, el caso del doctor Montes fuera sobreseído por falta de pruebas, que no porque se hubiera probado su inocencia, que es lo que pretenden hacernos creer desde la izquierda, incluyendo a Zapatero, que consideró el miércoles "injustificada e inaceptable" la "persecución" contra el médico por parte del Ejecutivo de Esperanza Aguirre.
Ahora hemos sabido, gracias a La Razón, que dos de los tres jueces responsables de esta decisión habían estampado su firma en un manifiesto de Jueces por la Democracia a favor de la eutanasia. Pese a ello, no se inhibieron de este caso, como era su obligación al ser tan pública y notoria su parcialidad. ¿Cómo iban a considerar mala praxis algo que consideran un derecho? Seguramente, quienes defienden al doctor Montes y su grupo de acólitos conocido como Sendero Luminoso se escandalicen porque consideremos que quizá esta resolución no ha sido tomada por motivos legales sino estrictamente políticos. Sin embargo, si dos jueces absolvieran a un acusado de maltrato tras haber firmado un manifiesto contra la ley de violencia de género, no nos cabe duda de que la noticia estaría en todos los telediarios y los editoriales de buena parte de la prensa se llenarían de santa indignación.
No está de más recordar que, en sus comienzos, este caso parecía simplemente "una supuesta práctica continua de eutanasia activa", como dijo el entonces responsable del PSOE en Madrid Rafael Simancas. Dado que los responsables de la sanidad madrileña pertenecían al PP, se convirtió en una excusa para atacar a Esperanza Aguirre. Sin embargo, en cuanto se supo de la adscripción política de Montes todo cambió, demostrándose una vez más que la izquierda lo único que defiende es lo suyo y a los suyos. Frente a su patológico sectarismo, el bienestar de los ciudadanos ocupa un lugar muy secundario.
A partir de ese momento, la destitución de Montes y las denuncias contra él se convirtieron en un ataque a la sanidad pública. Pero ni políticos ni periodistas deberían defender la "sanidad pública" porque sí, sino porque, a su real saber y entender, es la mejor alternativa para los pacientes. Si la defensa de la sanidad pública se transforma en defensa de sus empleados, y no de los enfermos, es que se carece de argumentos serios. Argumentos como, por ejemplo, preguntarse si en una clínica privada el doctor Montes seguiría trabajando como lo sigue haciendo para la sanidad pública.
La Comunidad de Madrid tomó la decisión de destituir a Montes cuando no podía sino trabajar con indicios. Indicios como que el Severo Ochoa tuviera "tasas de mortalidad en Urgencias que duplican" a las de otros hospitales "sin ninguna causa razonable", como dijo Simancas antes de enterarse de que no era políticamente conveniente defender a los pacientes del sistema sanitario madrileño. O como que los pacientes murieran sedados en Urgencias, y no en la unidad correspondiente. De hecho, el tiempo le dio la razón al consejero Lamela cuando tras la destitución las muertes en Urgencias descendieron
Los defensores del doctor Montes podrán alegar que no hay pruebas de que éste estuviera matando a los pacientes mediante eso que se conoce con el eufemismo de "eutanasia activa". Pero de lo que no cabe duda es que, bajo su mando, en su servicio moría un número anormalmente alto de pacientes, que desde entonces ha vuelto a cifras más razonables. Lo hicieran por considerarlo un criminal, o sólo un negligente, su destitución ha sido y fue un acierto. No estaría de más que la derecha lo defendiera así en esta época electoral. Porque la pretensión de la izquierda de que vuelva a ocupar su cargo sólo demuestra lo poco que le preocupan los pacientes de la sanidad pública, algo que los votantes deberían saber antes de acudir a las urnas.