El empeño del Gobierno por borrar del mapa los episodios más abyectos de la legislatura continúa a buen ritmo. Habituados ya al uso intensivo –y abusivo– de la palabra España por parte de la propaganda oficial y reponiéndonos del repentino e imprevisto celo que en Moncloa están poniéndole a la lucha antiterrorista, la abogacía del Estado ha presentado en el juzgado de instrucción número cinco de Madrid una instancia dirigida a que su titular, Baltasar Garzón, impida por todos los medios el concurso de ANV y cualquiera de sus derivados a las elecciones de marzo.
La medida, que es del todo oportuna y absolutamente necesaria, llega con, al menos, tres años de retraso. En 2005 los batasunos burlaron la Ley de Partidos presentándose bajo las siglas PCTV-EHAK en las autonómicas vascas. A pesar de que entonces se demandó la irregularidad el Gobierno no hizo nada, y Garzón tampoco. Para el entorno político de la ETA, ese mismo que ahora Rubalcaba quiere hacer desaparecer de las listas, aquellos comicios fueron una oportunidad de permanecer en la cámara de Vitoria, después de haber sido expulsados de los ayuntamientos. Desde entonces, los diputados autonómicos de esta formación creada apresuradamente para torear a la Ley –con el concurso indispensable de un Gobierno complaciente y obcecado en negociar a toda costa– perseveran en su desafío al Estado de Derecho sin que nadie les importune. Ni el Gobierno ni Garzón.
Dos años más tarde, con motivo de las municipales de 2007, la ETA volvió a sacarse un conejo político de la chistera y presentó tantas candidaturas como el Gobierno le permitió bajo unas nuevas siglas, las de Acción Nacionalista Vasca. Los concejales de ANV, que son 437 entre el País Vasco y Navarra, proporcionaron a una organización concebida desde cero para aquellas elecciones casi 111.000 euros en concepto de subsidios estatales. A ello habría que sumarle el presupuesto de las alcaldías que controlan directamente y, sobre todo, la confirmación de que su causa, la de los proetarras, volvía a la legalidad. No es necesario remarcar que ni el Gobierno ni Garzón movieron un solo dedo para deshacer aquel disparate.
Con semejantes antecedentes la premura de Zapatero en poner fuera de la Ley a PCTV, ANV o cualquier organización de corte batasuno es cualquier cosa menos creíble. Caben, por lo tanto, dos posibilidades: que el Gobierno busque un simple titular sin más futuro que abrir el informativo de los medios adictos a Moncloa; o que, efectivamente, Zapatero busque méritos tangibles de cara a la parte más templada de su electorado para deshacer silenciosamente el camino andado una vez renueve en el cargo. Cualquiera de los dos lavados de cara es plausible. Un tercero, que pasaría por la aplicación estricta de la Ley hoy y en la próxima legislatura, ni se le ve ni se le espera.
El programa máximo del presidente del Gobierno ha sido durante cuatro años la negociación con la banda terrorista a cualquier precio, incluso al precio de las dos vidas que se perdieron en Barajas hace poco más de un año. Nada invita a pensar que haya cambiado de parecer de la noche a la mañana. La obsesión de Zapatero por entenderse con la ETA no es una cuestión de oportunidad política –de hecho, comenzó a negociar a escondidas con casi todo el país en contra–, sino una convicción personal. Por ello, lo más probable es que no haga nada contra la costra política etarra por quien tanto se ha desvelado en el pasado. Su inseparable Garzón, posiblemente, tampoco.
