Una de las primeras medidas tomadas por el ejecutivo de Rodríguez Zapatero tras llegar al poder fue reanudar la venta de armas a Marruecos, suspendida durante la crisis del islote de Perejil. Desde mediados de 2004, cuando Moratinos afirmó que Marruecos era un país pacífico y democrático que no necesitaba comprar armas, el importe de las ventas de material militar a Rabat se ha multiplicado por 35, pasando de los seis millones de euros de entonces a los más de 200 millones firmados en febrero de 2007. Esta imprudencia provocó la reacción del gobierno de Argelia, que decidió aumentar el precio del gas que suministra a España y romper el contrato que tenía con Gas Natural y Repsol. La diferencia no es sólo cuantitativa, sino también cualitativa, pues en los últimos años se han producido dos cambios preocupantes: por una parte, la partida de elementos propiamente bélico (armas y municiones) ha venido aumentando; además, y de forma inexplicada, el Gobierno decidió eliminar algunas de estas transacciones de las estadísticas oficiales.
No parece que ésta y otras medidas favorables a los intereses del sultán de Marruecos, por otra parte desaconsejadas por razones estratégicas, hayan mejorado las relaciones con el país vecino. Más bien ha ocurrido todo lo contrario. Envalentonado por lo que a todas luces ha sido una política sumisa y pusilánime, Mohamed VI decidió el pasado mes de noviembre retirar a su embajador en Madrid en protesta por la visita de SS.MM los Reyes a Ceuta y Melilla. Lejos de responder a esta nueva provocación, Rodríguez Zapatero decidió hacerse perdonar realizando una serie de gestos claudicantes y humillantes, entre ellos la entrega de una misteriosa misiva al monarca alahuita de manos del ministro Moratinos.
La respuesta de Mohamed VI a la carta, cuyos contenidos no han sido desvelados aún, ha sido la vuelta del embajador de su país a Madrid. Por su parte, el Gobierno de España ha anunciado un nuevo acuerdo de venta de armas a Marruecos, esta vez en condiciones especialmente ventajosas para el estado vecino. No hace falta ser muy suspicaz para sospechar que tras esta repentina mejora de las relaciones se oculta una nueva extorsión marroquí, peligrosa para la seguridad y la paz en el Magreb y dañina para los intereses españoles en la zona. Ni la conveniencia política ni el provecho económico, por no mencionar los compromisos adquiridos por nuestro país en la resolución del conflicto del Sáhara occidental, justifican este nuevo pago a Marruecos por una falsa amistad que hasta la fecha no se ha materializado en ninguna ventaja para España. Si acaso, un cierto y engañoso prestigio del Presidente del Gobierno entre algunas organizaciones islámicas, que tal vez movidas por la generosidad española vuelvan a recomendar a los musulmanes españoles el voto al PSOE, tal y como llevan haciendo en los últimos doce años.
Sin embargo, más allá del amarre de un puñado de sufragios, lo que está en juego no es sólo el prestigio y la reputación de España como una nación responsable y que en la medida de lo posible y conveniente contribuye a la resolución pacífica de contenciosos internacionales, y no a su avivamiento de forma artificial, sino la verdadera naturaleza de la relación de obediencia que nuestro Gobierno mantiene con Marruecos. ¿A cuánto asciende la factura total? Si no respeto y seguridad, ¿qué compra Zapatero? Y sobre todo, ¿de qué naturaleza es la mercancía en poder marroquí? Demasiadas preguntas sin respuesta. 