Vivimos una nueva ofensiva a nivel europeo pretendiendo algo tan patentemente absurdo e injustificado como prohibir las descargas de materiales sujetos a derechos de autor en la red. Uno de los protagonistas, un Sarkozy que promueve favores para los artistas al tiempo que anuncia su compromiso sentimental con una de ellas, pretende, en un alarde de no entender la red ni lo que representa, filtrar Internet, y poner la tecnología al servicio de un trabajo de persecución, de estado de sitio en la red. Una violación permanente de varios de los derechos fundamentales de sus ciudadanos que no hace más que demostrar su verdadera vocación absolutista. En un ejercicio tan caro como absurdo e inútil, el mediático presidente decide ignorar el hecho de que no haya habido hasta el momento tecnología anticopia o de vigilancia alguna capaz de resistir los embates de la comunidad hacker, y que eso no se debe en modo alguno a una serie de casualidades, una conjunción de los astros o a los avatares del destino, sino a una regla fija, a algo que emana de las características de la propia tecnología. Ya puede el polémico galo empeñarse y apretar los puños todo lo que quiera, que cualquier tecnología que sea capaz de diseñar será hábilmente burlada en cuestión de meses, y convertida en algo que todo interesado pueda instalarse en un proceso que implique unos pocos clics de ratón.
En otro país europeo, Suecia, las cosas pintan de otra manera: ante los intentos de los los talibanes del copyright por hacer que los proveedores de acceso patrullen la red y se conviertan en policías de sus propios clientes, un grupo de hasta el momento siete diputados hace un escrito en el que ponen de verdad los puntos sobre las íes: denuncian que un sistema así no funciona ni funcionará, que no ha demostrado éxito alguno e ninguno de los intentos anteriores, y afirma que viola claramente el derecho a la protección del secreto de las comunicaciones, además de intentar obligar a una serie de empresas privadas a realizar una labor para la que no tienen justificación –su papel es dar a sus clientes acceso a Internet, no dedicarse a vigilar sus pasos– y que además, en caso de ser desarrollada, tendría que serlo por parte de la autoridad competente, es decir, emanar directamente del Estado y sometida de manera estricta en sus procedimientos sancionadores a lo que disponga el poder judicial.
La única solución, como promueven siete diputados suecos, es cambiar el marco legislativo actual para despenalizar de manera absoluta las descargas en Internet sin ánimo de lucro, y obligar a una industria del siglo pasado a evolucionar con los tiempos. Aplicar la lógica y el sentido común a lo que ya todos sabemos que va a ocurrir. Y hacerlo porque es, como se ha mencionado ya, la única solución posible, además de estar completamente alineado con lo que la historia, terca ella, se empeña en demostrar una vez detrás de otra: que no sólo las descargas de Internet no son malas, sino que hasta los propios artistas, cuando entienden su funcionamiento y la gama de posibilidades a su alcance, abogan por la sostenibilidad de éstas. No hay más que revisar, por ejemplo, los lanzamientos de algunos de los últimos discos puestos en el mercado, para darse cuenta de que se trata de vehículos destinados a que los contenidos circulen cuanto más mejor, para acabar así proporcionando un mayor rendimiento final al artista. Para observar que los propios artistas manejan ya con toda naturalidad esa variable y se someten a sus designios imparables. Quienes se empeñan hoy en prohibir las descargas no son más que los patéticos herederos, sin mediar proceso de aprendizaje alguno, de quienes pretendieron en su momento afirmar sin despeinarse que el vídeo acabaría con el cine o con la mismísima estrella de la radio.
¿Cuántas veces debe repetirse la Historia para que aprendamos a evitarnos repeticiones innecesarias? En un entorno en el que las descargas ayudan más que perjudicar, llegan los políticos y se dedican a otorgar prebendas presuntamente "compensatorias" a los artistas en función de variables completamente espurias, o a anunciar apocalípticos mensajes de castigo tan injustificados como vanos.
Perseguir las descargas a través de la red es una tarea equivalente a la de poner puertas al campo. Algo que todos sabemos que es pura y simplemente imposible. A instancias no de los artistas, sino de unos distribuidores convertidos en innecesarios, criminaliza una tarea que no debe ser criminalizada, que y llevan a cabo con toda naturalidad millones de ciudadanos sin despeinarse lo más mínimo. Unos distribuidores que hoy piden ser compensados (diríamos mejor "recompensados") con un canon, mañana piden la supresión de las descargas, y pasado afirman que copiar para uso personal tus propios archivos sobre otro soporte también debe ser constitutivo de delito. Si una ley no puede ser llevada a cabo sin suspender para ello los derechos fundamentales de los ciudadanos, es preciso eliminarla. O directamente, no promulgarla, aceptar la inevitabilidad de la tecnología, y aprender a vivir con ella.
