Hace bien poco se publicaba que la SGAE estaba acusando el golpe para su imagen de la batalla por imponernos a todos un diezmo al comprar una extensa gama de productos tecnológicos, entre los que destaca, por su novedad, los teléfonos móviles capaces de reproducir música en formato MP3 (que, a este paso, acabarán siendo todos). Diezmo que quería compartir la carga con otras entidades de gestión de derechos de autor más pequeñas y menos significadas, de las cuales sólo la ACAM ha hecho su parte, actuando como torpe mamporrero del chiringuito de Teddy Bautista. Y eso que aún no se conocía su última hazaña: lograr que tres compañías de autocares tengan que abonar más de un millón de pesetas por no pagar preventivamente ante un posible uso de los aparatos de vídeo y sonido que tenían instalados en sus autobuses.
Una de ellas adujo que usaba los autocares para el transporte escolar y que, por tanto, no ponía música ni películas ni nada de nada. La justificación de la SGAE, la misma que emplea para el canon: "la mera existencia de los aparatos mismos obliga a presumir su utilización". Otra empresa adujo que venían de serie al comprar el autobús y que no se podía presumir que fueran a ser empleados. Pues nada, da lo mismo: a pagar. En definitiva, como sucede con el canon, a las empresas condenadas se las considera culpables a no ser que puedan probar su inocencia, y ni aún así. A este paso acabarán cobrándonos a todos por tener pulmones y boca y poder silbar melodías protegidas por derechos de autor.
Los ciudadanos perciben, y con razón, que esto de que paguemos todos por lo que pueda hacer una parte no es justo. Lo que sucede es que antaño no tenían voz que representara esta posición y, durante los últimos años, representantes de empresas y de internautas se han unido en una plataforma, Todos contra el canon, que ha dado la tabarra con este asunto hasta que, por fin, uno de los dos grandes partidos se ha dado por enterado. Y eso supone un gran problema para la SGAE y demás sociedades de gestión, pues su postura es difícilmente defendible, y sólo un relativo silencio y su notable capacidad como lobby les ha permitido seguir incrementando su recaudación a nuestra costa.
Ahora que el canon se ha convertido en reclamo electoral, sólo es cuestión de tiempo que acabe en el retrete de la historia. Es difícil que esto se extienda a los demás modos de cobrar que tienen las gestoras de derechos de autor; por ejemplo, a los autocares. Pero cuando se empieza a tirar de un hilo, no es raro que acabe deshaciéndose la madeja completa. Es decir, que en este caso la avaricia podría haber roto el saco. Crucemos los dedos.