La sentencia de la Audiencia Nacional que ha declarado la ilicitud de organizaciones del entramado etarra, tales como KAS, EKIN Y XAKI, y que ha condenado a 47 de sus miembros a penas que suman 525 años de cárcel, supone un triunfo del Estado de Derecho que debería llenar de satisfacción a todos los que buscan acabar con ETA, y no negociar con ella.
Como bien ha señalado Ignacio Astarloa, uno de los elementos centrales para la lucha contra el terrorismo es entender que ETA es una organización enormemente compleja, en la que junto a los pistoleros y encapuchados existe una organización con sus brazos político, "cultural", económico y social. De hecho, la presidente del tribunal ha llegado a calificar a algunas de estas organizaciones como el "corazón" y las "entrañas" de la propia ETA.
Este golpe judicial al entramado terrorista alivia en parte, además, el mal sabor de boca que, desde el ámbito político, nos dejaba hace dos días la repugnante negativa de los socialistas y sus aliados nacionalistas a que el Congreso aprobara una proposición no de ley en la que se instaba a los ayuntamientos del País Vasco y Navarra a retirar los nombres de calles, placas conmemorativas o cualquier monumento que homenajee a terroristas, así como la revocación de todos los acuerdos municipales por los que se haya declarado "hijo adoptivo" a cualquier etarra.
Y es que por mucho que queramos felicitar desde aquí a la Asociación Víctimas del Terrorismo –especialmente por su brillante labor en este proceso como acusación particular–, y por mucho que compartamos con ella la alegría por esta sentencia, tampoco podemos olvidar que brazos políticos como ANV y PCTV de esa "organización enormemente compleja" que es ETA siguen al día de hoy sin ser poder ser disueltos mientras el Gobierno de Zapatero no lo inste a los Tribunales a través de la Fiscalía General del Estado.
Menos aún podemos olvidar que al día de hoy, y también por culpa de socialistas y nacionalistas, sigue vigente una resolución parlamentaria en pro de una negociación con ETA que pone en entredicho la certeza y el cumplimiento integro de las penas, empezando pero no acabando con las que hoy ha dictado la Audiencia Nacional.
