Si Hugo Chávez tuviera esa "ética" democrática que le atribuye el diario oficial de la dictadura cubana, o Venezuela gozara de ese "buen funcionamiento del sistema democrático y de las libertades" que le atribuye nuestro ministro Moratinos, el populista caudillo venezolano hubiera presentado inmediatamente su dimisión tras ver como este domingo las urnas rechazaban su proyecto de "reforma constitucional" con el que pretendía institucionalizar y ampliar el recorte de libertades que ya padece de facto el pueblo venezolano.
En lugar de eso, el caudillo venezolano, tras cinco horas de espera para dar a conocer los resultados, ha recurrido a un "por ahora, no pudimos", que tanto recuerda a aquel "lamentablemente, por ahora, los objetivos que nos planteamos no fueron logrados", que proclamase tras ver fracasado su golpe de Estado de 1992.
Sus objetivos con esta fracasada "reforma" –y, probablemente, también fracasado intento de pucherazo– eran tanto o más liberticidas que los de entonces, sólo que ahora los había querido camuflar y acompañar con un refrendo popular. La democracia no es solo plebiscito sino, sobre todo, contrapesos y límites al poder. Son estos contrapesos y limites los que Hugo Chávez pretendía y sigue pretendiendo erradicar, empezando –pero no acabando– con la limitación al número de mandatos presidenciales. De hecho, como ya apuntábamos este fin de semana, ese límite en la reelección era una barrera menor al poder absoluto al que aspira Chávez si la comparamos con el resto de las barreras que esta "reforma" pretendía erradicar a través de las urnas. La ya debilitada división de poderes existente en Venezuela habría dado paso, por esta rechazada reforma, a una autentica sumisión a un nuevo e inconcreto "Poder Popular" que, según lo "definía" el artículo 136, "no nace del sufragio ni de elección alguna, sino de la condición de los grupos humanos organizados como base de la población".
Venezuela se habría convertido oficialmente en un "Estado socialista", en el que las comunas o comunidades serían el "núcleo territorial básico e indivisible" (art. 16). La "reforma" permitía al presidente cerrar y abrir, a su antojo, nuevas unidades territoriales, declarar el estado de excepción y nombrar y destituir a las autoridades locales y regionales. Le otorgaba poderes discrecionales para considerar qué son monopolios y para prohibirlos, así como " cualquier actividad que vulnere los sistemas de producción social y colectiva". El Estado, con esta reforma, se reservaba la explotación directa o indirecta de todos los recursos naturales estratégicos, empezando por los hidrocarburos, prohibía lo que considerara latifundios y la privatización total o parcial de PDVSA (la empresa nacional de petróleos). Esta reforma no sólo elevaba la llamada "propiedad social, aquella que pertenece al pueblo en su conjunto y a las futuras generaciones", a un rango igual o superior al de la propiedad privada. Es que cualquier propiedad privada podría pasar a ser "social" por ese mismo Poder Popular al que el Poder Judicial debe estar sometido. La desaparición de la autonomía del Banco Central sería paralela a una militarización progresiva de la sociedad civil.
Gracias a la heroica labor de la oposición democrática en Venezuela, Hugo Chávez no ha podido ver refrendada su tiranía en las urnas. Pero que nadie cante victoria. Chávez ya perseguía las libertades en Venezuela y se permitía amenazar a las empresas extranjeras mucho antes de que lo sometiera a referéndum. Y no va a dejar de hacerlo por el hecho de que las urnas no le hayan dado el visto bueno. Lo acabamos de sufrir en nuestras propias carnes, con sus amenazas a Repsol en el caso de que el PP gane las próximas elecciones generales. Un mandatario que no reconoce freno alguno a su poder en el interior es lógico que tampoco considere que los tiene en el exterior. Especialmente cuando se enfrenta a gobiernos pusilánimes que ven en las amenazas un ejemplo de "relaciones cordiales".
