Un guardia civil muerto y otro en coma tras recibir sendos disparos en la cabeza, éste es el trágico saldo del último atentado de la banda terrorista ETA, cometido ayer sábado por la mañana en el sur de Francia. Según la versión oficial, los dos agentes españoles, que iban desarmado, vestidos de paisano y viajaban en un coche camuflado de la policía francesa, reconocieron a tres terroristas en un restaurante. Tras seguirlos a la salida, los asesinos los abatieron en el tiroteo posterior. Un "encuentro fortuito", según las palabras del ministro Rubalcaba.
Sin embargo, esta hipótesis podría tener una explicación alternativa y mucho más preocupante: el conocimiento y seguimiento por parte de ETA de los movimientos de los guardias civiles españoles, lo que revelaría un doble salto cualitativo en la táctica terrorista, tanto en su aspecto operativo como en el informativo, además de la existencia de un flanco débil en nuestra seguridad. Sea como fuere, lo cierto es que en estos momentos todos los amenazados por la banda terrorista tienen razones para extremar las medidas de precaución y exigir al Ministerio del Interior que redoble sus esfuerzos para garantizar la seguridad de los posibles objetivos de ETA.
Por otra parte, el nuevo crimen de los terroristas, que responde a su objetivo de seguir matando y preparando asesinatos independientemente de las falsas treguas o altos el fuego y de las concesiones que el Gobierno pueda hacerles, revela lo pertinente de la protesta protagonizada por la AVT el sábado pasado en Madrid y la plena vigencia de sus exigencias. Urge iniciar las acciones pertinentes que desemboquen en la ilegalización de los brazos políticos de ETA, el Partido Comunista de las Tierras Vascas, y Acción Nacionalista Vasca, y la retirada de la autorización hecha al Gobierno para que negocie con los terroristas. El viernes por la tarde, estos partidos volvían a manifestarse en Bilbao a favor de los presos de la banda asesina.
Sólo la adopción de medidas firmes contra los terroristas y su entorno pueden a estas alturas proporcionar credibilidad a las palabras del presidente del Gobierno, quien sin mencionar a ETA por su nombre se comprometió ayer a defender "con toda determinación la libertad contra el terrorismo" y a hacer pagar por sus acciones a los terroristas y a "quienes les prestan apoyo". Una dureza retórica que contrasta vivamente con la actitud de su Gobierno y de su partido, empeñados en encontrar una salida negociada al terrorismo, tal y como recomendaba ayer el lehendakari Ibarreche en un comunicado que sólo se puede calificar de cobarde y repulsivo.
Como recordaban ayer numerosos representantes del Partido Popular, UPD, el Foro de Ermua y la AVT, ETA es una enemiga jurada de la democracia ante la que el Estado de Derecho no puede ni debe relajarse. Es decir, menos buenismo y más respeto a las fuerzas de seguridad del Estado y a las víctimas del terrorismo, que no piden venganza, sino equidad, y que siempre han renunciado a tomarse la justicia por su mano. De no ser así, la declaración firmada ayer por los grupos parlamentarios del Congreso, que manifiesta su apoyo al Gobierno para vencer a ETA, será otro triste papel mojado y un nuevo fraude a los ciudadanos. No basta con llamar ahora a las cosas por su nombre. Rodríguez Zapatero y su ministro de Interior deben demostrar su voluntad firme de acabar con ETA, sin concesiones y respetando siempre la legalidad.
Ante el estrepitoso fracaso de la política antiterrorista del ejecutivo, saldada con el reforzamiento de la banda y la merma en la libertad y la seguridad de los españoles, sólo cabe por parte del Gobierno la rectificación sincera y la asunción de la responsabilidad por los errores cometidos. De no ser así, deberán ser los votantes quienes, más allá de su ideología política, lo hagan por él en las próximas elecciones generales. Hay que terminar con el juego peligroso de Rodríguez Zapatero con ETA.
