Si no hay razones jurídicas para que unos magistrados tangan que ser apartados de la deliberación sobre la constitucionalidad de la reforma de la LOTC por el hecho de haberse pronunciado previamente a favor de la misma de forma privada, es de lógica elemental esperar que tampoco las habrá para apartar a otros magistrados por haberse pronunciado previamente en su contra.
A la espera de esa exigible coherencia por parte del Tribunal Constitucional, llama la atención que su pleno haya decidido rechazar las recusaciones planteadas por el PP contra tres de sus magistrados que se habían mostrados favorables a la reforma de la LOTC, antes de resolver las recusaciones que, con anterioridad, le había planteado el Gobierno contra dos de sus magistrados que se habían mostrado en contra de la reforma de marras.
Por nuestra parte, no tenemos duda que dicha reforma de la LOTC, impulsada por el Gobierno y recurrida por el PP, así como la bochornosa decisión del Ejecutivo de plantear la recusación de dos magistrados contrarios a la misma, sólo buscaban y buscan garantizar la continuidad en la presidencia del Tribunal Constitucional de María Emilia Casas, quien, en ausencia de dicha reforma, debería abandonar su puesto el próximo mes de diciembre.
La buscada continuidad de Casas –una magistrada designada a propuesta del PSOE, proclive a las reivindicaciones nacionalistas y esposa de uno de los asesores contratados por la Generalitat para la elaboración del entonces proyecto estatutario catalán– puede ser decisiva si tenemos en cuenta tanto la fragilidad del equilibrio de fuerzas que coexisten actualmente en el Alto Tribunal como el voto (doble) de calidad de quien lo preside en caso de empate.
Ante estas últimas arteras maniobras que el Gobierno de Zapatero ha tenido que hacer para no tener que admitir algo que hasta Maragall ya ha terminado por reconocer –a saber, que para sacar adelante el soberanista "estatuto" catalán había que reformar previamente nuestra Constitución–, el Partido Popular hace bien en tratar de neutralizarlas. Aunque parezca paradójico, la no admisión a trámite de las recusaciones planteadas por el PP es la mejor garantía que este partido podía obtener para que tampoco sean admitidas las planteadas por el Gobierno. Ahora sólo cabe pedir que el Tribunal Constitucional no se haga esperar y su próxima decisión sea coherente con ésta.
