Si usted ha visto recientemente alguna película española entenderá por qué el resto de personas no van a verlas. Son lentas, aburridas, predecibles, mal dirigidas... en resumen, un rollo. Así lo confirman los últimos datos del Anuario de Estadísticas Culturales 2007. Se han estrenado más películas que el último año pero cada vez menos gente las quiere ver. Según el Anuario, se han estrenado 142 películas españolas, un 11% más que en el año anterior. A pesar del aumento de producción, las españoladas perdieron casi 2,5 millones de espectadores. La película nacional más vista ha sido El Orfanato situada en el puesto 19 del ranking, la única española entre las 25 más vistas. En la cantidad no está la calidad, y en la subvención no está la solución.
¿Por qué el cine de nuestro país no nos atrae y el americano sí? La respuesta es tan sencilla como preguntarse a quién van dirigidas las películas de unos y otros. Sabemos muy bien en quién piensan los estudios norteamericanos cuando hacen un film: en la gente de la calle, en aquellos que las pagan en taquilla. En definitiva, en el cliente final. ¿Y las españolas a quién van dirigidas? Naturalmente, también a su cliente, sólo que en su caso éste no está formado por las personas que van al cine, sino que es el Gobierno, concretamente el burócrata que autoriza la subvención del largometraje. Gran parte de las películas españolas no son más que un reflejo de lo que el Gobierno quiere que se muestre. Ofrecer semejante producto no tiene ninguna dificultad para el empresario subvencionado, sólo ha de seguir el manual y tener una paciencia de santo para rellenar todo el papeleo. Aquí no importa la competencia, la calidad ni el éxito del proyecto. Cualquier producción que tenga el plácet de la administración, sin que importe si gustará a alguien o no, se llevará adelante.
Evidentemente, la cuestión no es la buena o mala aceptación del cine español, como nos intenta inculcar el Gobierno y el lobby de actores. El gran problema es que es la sociedad civil quien carga con el coste de los fracasos. La administración no nos pregunta si queremos contribuir a sufragar el film, simplemente nos mete la mano el bolsillo, aún contra nuestra voluntad, nos arrebata nuestro dinero y nos dice que es para el bien nacional y la cultura del país. Al Gobierno no le importa que las familias no lleguen a final de mes y se malgaste su precioso dinero en mantener a un sector que, viendo sus resultados en España, posiblemente no tendría ni por qué existir.
Es momento ya de dejar este sistema feudal de distribución donde un grupo de personas deciden qué se hace y qué no. La excesiva protección al cine sólo crea un efecto expulsión (crowding out) que deja el sector estático, medio muerto, donde sólo tienen entrada las películas que el jerarca quiere admitir y que, como vemos, está totalmente reñido con lo que la gente busca. La visión señorial y elitista propia de la cultura de la subvención ha de dejar paso a una actitud popular, moderna y capitalista. Que sea la gente quien decida qué quiere que haga la industria cinematográfica nacional y qué no. Qué productores y cineastas dejen de vivir del sufrido pagador de impuestos e ingresen en el libre mercado.
Si la libre competencia nos da mejores coches, todo tipo de alimentos y vestimentas o televisores de todos los tamaños y calidades, ¿por qué ha de ser diferente el sector de la producción audiovisual? Es una cuestión de datos y lógica. Para que una película triunfe, como cualquier otro producto, no hace falta dinero a chorros incautado por la fuerza a las familias de este país, sino entender bien al cliente final para así poder ofrecérselo. Algo que jamás ha interesado al cine español.
