Hoy domingo Mariano Rajoy clausura la última conferencia política celebrada por el Partido Popular en esta legislatura, un acontecimiento que en palabras de Ángel Acebes devuelve a los españoles la confianza en sí mismos y pone a su partido rumbo a La Moncloa. Más allá de la puesta en escena, los eslóganes y los vídeos, en los que cabe destacar una mejoría en la deficiente política de comunicación del PP (ha habido mayor concisión y claridad) lo que más interesa a la ciudadanía es conocer las propuestas políticas concretas y las premisas que las inspiran. Es en estos puntos que las grandes formaciones políticas se plantean con frecuencia el falso dilema entre los principios y el éxito electoral, lo que a menudo se traduce en penosas contradicciones.
El PP no es ajeno ni estas tensiones ni al "centrismo", esa extraña mezcla de debilidad, corrección política y complejo ante el monopolio de la compasión que esgrime la izquierda. Frente a esta tendencia está la creencia, demostrada por los hechos en no pocas ocasiones, de que la coherencia, la sinceridad y la convicción son algunos de los elementos más importante tenidos en cuenta por el segmento del electorado menos ideologizado a la hora de decantarse por uno u otro partido.
Entre las propuestas más positivas, la apuesta por la derrota del terrorismo desde la ley y el reforzamiento de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. La renuncia del actual Gobierno a la represión de los violentos en aras de la negociación y el diálogo con los criminales es uno de los puntos más oscuros de su gestión. Por tanto, cualquier iniciativa que defienda la ley y el orden en un contexto de aumento de la delincuencia, tanto la común como la terrorista, es siempre bienvenida. También es interesante la Ley de Igualdad de Derechos de los Españoles, una iniciativa plenamente constitucional y similar a otras disposiciones legales en vigor en estados federales. Sin embargo, para que no quede en papel mojado, esta medida deberá enmarcarse en un proyecto global de armonización de los estatutos de autonomía, o incluso de reforma constitucional. A nadie se le escapa que la cooperación entre la Administración Central y las comunidades autónomas no está garantizada por el comportamiento leal de un puñado de gobiernos regionales del PP. A este respecto, ha faltado en la conferencia un mensaje más realista, y que no haría sino reflejar la preocupación de la mayoría de los españoles ante la deriva secesionista y excluyente de algunos ejecutivos autonómicos.
También son importantes las promesas de rebajas fiscales y de reforma de los organismos reguladores, que tan tristes espectáculos han protagonizado esta legislatura, aunque tampoco el PP estuvo libre de culpa durante su etapa de gobierno, y el compromiso con la calidad de la formación que reciben los escolares españoles. Tres asuntos de gran relevancia sobre los que sería deseable que en breve el partido de Rajoy comenzase a formular propuestas concretas, tasadas y presupuestadas. En cuanto a las medidas de conciliación de la vida laboral y familiar, la preferencia del PP por la discriminación positiva, una política miope, ineficaz y contraproducente, nos parece un desacierto, aunque la predilección por los incentivos fiscales sobre la coacción y la prohibición refleja un talante muy diferente del autoritarismo socialista.
A falta del discurso final de Mariano Rajoy, que esperamos no adolezca de la blandura y vaguedad exhibida en otras ocasiones, el balance final de la conferencia popular es en general esperanzador para una nación zaherida por cuatro años de ineficacia, sectarismo y radicalidad. Ahora toca cumplir.
