Agentes de la Guardia Civil han registrado este miércoles las sedes de Urbanismo y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Madrid en una operación contra una trama de corrupción en la que estarían implicados al menos dieciséis funcionarios y técnicos municipales, acusados de cobrar comisiones por agilizar licencias de aperturas de locales o establecimientos en la capital.
La investigación se llevaba a cabo desde el verano por parte de la Guardia Civil y ha contado con la colaboración del Gobierno municipal. El fiscal jefe de Madrid, Manuel Moix ha descartado, en este sentido, que los implicados tengan alguna "conexión política o que el caso guarde relación con la operación Malaya", si bien la investigación sigue abierta.
Por mucho que este escándalo le haya venido muy bien a quienes quieren apartar la atención pública de la incesante campaña contra España del caudillo venezolano, no por ello debemos de dejar de denunciar unas prácticas que, con independencia de contar o no con la complicidad de las autoridades políticas, constituyen un claro y perseguible caso de corrupción típicamente tercermundista.
Claro que tan escandaloso como las "mordidas" debería ser el hecho de que personas que tienen acreditadas sus derechos de propiedad y que quieren obtener legalmente una licencia de apertura para sus locales tengan que esperar una media de dos años largos de absurdos trámites administrativos, que bien les pueden suponer un coste en tiempo y dinero muy superior a lo que estos corruptos funcionarios cobraban por facilitarla en cinco días.
Liberalizar la adquisición de licencia de apertura –algo que debería ser inherente al derecho de propiedad– es esencial, no sólo como compromiso con la libertad de empresa y con el progreso económico, sino también como medio de evitar esas corruptas tentaciones a las que abocan esos absurdos e interminables trámites administrativos.
En este sentido, no basta con asegurarnos de que no haya complicidad de las autoridades políticas en las "mordidas", sino apelar a su responsabilidad para lograr que el sendero de la legalidad no conlleve absurdos obstáculos que sólo pueda evitar la corruptible flaqueza de los funcionarios.
