Han pasado casi 35 años desde que el Tribunal Supremo decidiera poner fin a las disputas en materia de aborto en todo Estados Unidos. Debido a la intervención supuestamente terapéutica del tribunal en el supuestamente inadecuado debate democrático que tenía lugar en la nación sobre esa materia, el tema genera aún unas tensiones irracionales que en gran medida brillaban por su ausencia antes de 1973.
Por aquel entonces, Estados Unidos funcionaba bajo un régimen de federalismo moral. En ausencia de un diktat de la judicatura federal que generase estallidos de tensiones y cólera por todo el país, muchos estados estaban reexaminando sus leyes, relajándolas. Como ejemplo de la confusión que se vive hoy día, considere California. Allí el electorado apoya tan firmemente el derecho al aborto que ningún candidato contrario al aborto a gobernador, senador o presidente ha ganado en California desde 1988. Y eso a pesar del hecho de que ni el gobernador, ni un senador ni el presidente tienen apenas relevancia en cuanto a la situación del derecho al aborto de las californianas.
Sin embargo, se dice que si el Partido Republicano quiere disponer de un candidato a presidente que sea competitivo en California tiene que nominar a un pro-abortista. Y sólo hay uno: Rudy Giuliani. Esto es, casi con total seguridad, cierto. Sí, es irracional porque los californianos favorables al aborto no tienen absolutamente nada que temer de un presidente contrario al aborto, del mismo modo que quienes compartieran la opinión de ese hipotético presidente no tendrían absolutamente nada que esperar de él. Las consecuencias prácticas de elegirlo a él o a Giuliani no diferirían significativamente. Déjenme explicar el motivo.
La política sobre el aborto se encuentra casi enteramente en el ámbito del Tribunal Supremo de los Estados Unidos y continuará estándolo a menos que –o hasta que– el tribunal decida restaurar el federalismo moral en lo concerniente a la materia. El 20 de enero de 2009, cuando el próximo presidente inaugure su mandato, el tribunal contará con un juez de sesenta y muchos (David Souter, 69), cuatro de setenta y pocos (Steven Breyer, 70; Anthony Kennedy y Antonin Scalia, 72; Ruth Bader Ginsburg, 75) y uno de 88 años, John Paul Stevens. Los dos más mayores, Ginsburg y Stevens, son firmes partidarios del derecho constitucional al aborto. Los tres más jóvenes –John Roberts, 53; Samuel Alito, 58; Clarence Thomas, 60– no parecen muy comprensivos con la jurisprudencia del tribunal en materia abortiva.
El próximo presidente probablemente tendrá la oportunidad de modelar significativamente el tribunal, que con frecuencia se ha dividido 5 a 4 en cuestiones importantes, incluyendo la del aborto. Pero aún así, la respuesta razonable de los residentes de muchos, quizá la mayoría, de los estados, y especialmente de los californianos, debería ser un mero ¿y qué más da?
Suponga que Giuliani o algún otro republicano se convierte en presidente y responde a una vacante del tribunal de la manera en que todos los candidatos republicanos prometen, nominando a alguien similar a Scalia, Thomas, Roberts o Alito. Y suponga que un caso brinde al tribunal la oportunidad de revocar Roe vs. Wade. Y suponga que lo hace.
Pare aquí un momento. Esta tercera suposición es más discutible, porque no sería raro que uno de los jueces que piensa que Roe fue un error podría no obstante razonar como ya hiciera el anterior presidente del tribunal, William Rehnquist, en lo concerniente a los llamados "derechos Miranda" de los sospechosos detenidos por un delito: ser notificado del derecho a un abogado y el derecho a permanecer en silencio. Rehnquist argumentó repetida y firmemente que la Constitución, leída apropiadamente, no exige la lectura de derechos, algo que pensaba que entorpecía la eficacia de la labor policial. Pero cuando en el 2000 un caso brindó al tribunal la oportunidad de revocar el veredicto Miranda, Rehnquist escribió la opinión de una mayoría de 7 sobre 2 respaldando esos derechos. Escribió:
Miranda ha pasado a estar integrada en la práctica rutinaria policial hasta tal punto que dichas advertencias han pasado a formar parte de nuestra cultura nacional. Aunque hayamos invalidado precedentes cuando casos posteriores han minado sus soportes doctrinales, no creemos que esto haya ocurrido en el veredicto de Miranda.
Así pues, podría no invalidarse Roe aunque un presidente republicano alterara el actual equilibrio de fuerzas del tribunal. Pero suponga que lo fuera.
De nuevo, ¿qué más da? Muchos norteamericanos, quizá la mayor parte, al desconocer cómo funcionan los mecanismos del Estado, piensan que revocar Roe ilegalizaría el aborto, uno de los procedimientos quirúrgicos más comunes de la nación, en todas partes. Pero en realidad lo único que haría sería restaurarlo como una práctica sujeta a las leyes de cada uno de los estados. Dado que los californianos están satisfechos con la presente ley del aborto, probablemente sus legisladores lo convertirían en ley estatal.
No es irracional que los votantes se preocupen profundamente por la opinión de un candidato respecto al aborto, porque dicha postura es correctamente considerada como un indicador importante de las sensibilidades y simpatías del candidato, y de su idea de cómo debe interpretarse la Constitución. Pero en lo que se refiere al propio aborto, lo que piense un candidato a presidente no es especialmente importante.