A pocas horas de que finalmente se conozca la sentencia del juicio del 11-M, el Gobierno y sus apéndices mediáticos llevan ya varios días de intenso bombardeo dando a entender que bendecirá la versión oficial del atentado. Lo hacen para luego, diga lo que diga aquélla, poder vender que la versión oficial ha sido respaldada.
Es posible que, en efecto, así lo haga. Pero también es posible que no, y que el fallo finalmente censure en mayor o menor medida la versión de la Fiscalía, que es la que defiende el PSOE y el Gobierno. Sin embargo, como la sentencia será un largo y engorroso documento jurídico, como exige el rigor con el que ha de ser redactada, conviene conocer de antemano dónde hay que ir a buscar para saber si, como dice Blanco, la sentencia corrobora la versión oficial o no lo hace; y, si no lo hace, en qué medida. He aquí a disposición de todos aquellos que no conocen los recovecos del 11-M una guía rápida para averiguar por ellos mismos hasta qué punto la sentencia da la razón o no a los oficialistas.
Según la Fiscalía, la principal defensora de la versión oficial en el juicio, deben ser condenados por haber cometido el atentado del 11-M ocho personas. Éstas pueden distribuirse en tres grupos: los colaboradores necesarios, los instigadores y los autores materiales. Para cada uno de estos ocho acusados, la Fiscalía pide una condena a treinta y pico mil años de cárcel. Todo lo que no sea condenar a todos ellos por el delito del atentado (puede que lo sean por otros, como la pertenencia o colaboración con una banda terrorista o por tráfico ilegal de explosivos, pero esto no es relevante) ya constituiría una grave crítica a la versión oficial.
No obstante, si el fallo deja de condenar sólo a los acusados de haber colaborado mediante el suministro o el transporte del explosivo (Trashorras, Zouhier y Gnaoui), la versión oficial sufrirá relativamente poco, pues la exculpación puede fundarse en que su colaboración no ha de calificarse como necesaria sin poner en tela de juicio que efectivamente lo suministraron o ayudaron a transportarlo.
Si la sentencia absuelve de haber cometido el atentado a los tres supuestos ideólogos (El Egipcio, el Haski y Belhadj), contra los que las pruebas aportadas son muy débiles, la versión oficial sufrirá un varapalo mucho más serio, pues habrá quedado sin determinar quién planeó el atentado y a la vez se habrá puesto en tela de juicio que la causa del mismo fue la intervención de España en la guerra de Irak.
Por último, sería letal para los oficialistas que resultaran absueltos de haber colocado las bombas en los trenes Bouchar y Zougam. La absolución de Bouchar pondría en tela de juicio la autoría de la célula de Leganés. Más grave aun sería que fuera absuelto Jamal Zougam, porque su detención el 13 de marzo de 2004 fue la que convenció al electorado español, unas horas antes de acudir a las urnas, de que el atentado había sido obra de islamistas.
Tal y como puede fácilmente adivinarse, cada una de estas ocho absoluciones tiene una probabilidad de producirse inversamente proporcional a su importancia.
Obviamente, hay muchas cosas que examinar en la sentencia, como son el valor que dé a las muchas dudas que pesan sobre las pruebas aportadas por la Policía y la Fiscalía o la narración de hechos probados que contenga, pero ya habrá tiempo para detenerse en ellas y ver hasta qué punto la sentencia corrobora o no con ello la versión oficial. De momento, lo primero que hay que hacer es ir a ver cuántas condenas a treinta y pico mil años por la comisión del atentado contiene el fallo: cuantas menos haya, de las ocho pedidas, peor parados salen los oficialistas.
