Se supone que un presidente del Gobierno leal a la nación que gobierna y respetuoso con la legalidad que debe cumplir y hacer cumplir no debería recibir a Ibarretxe mientras este no revocase públicamente su decisión de saltarse a la torera nuestro Estado de Derecho y nuestra soberanía nacional con un referéndum soberanista convocado para el 28 de octubre de 2008.
Claro que de un presidente de Gobierno que, como Zapatero, es capaz de adquirir compromisos políticos y judiciales con una organización terrorista a cambio de una "tregua cuanto antes", no nos debe sorprender que reciba al lehendakari, por muy ilegales que sean sus pretensiones. Tampoco que anuncie que en ningún caso recurrirá al articulo 155 de la Constitución, que permite la suspensión de las competencias al Gobierno autonómico que no cumpla las obligaciones que la Constitución u otras Leyes le impongan.
La absoluta negativa previa de Zapatero de aplicar el artículo 155 de la Constitución no es tanto una rendición preventiva ante Ibarretxe como el anuncio de una futura complicidad. De hecho, tal y como Zapatero también ha "adelantado" en el Foro de ABC, el presidente del Gobierno ha mostrado la disposición de los socialistas a sumarse a eso que ha denominado como un "acuerdo entre los vascos", en una maniobra que, con el objetivo de dar apariencia de legalidad al delito, arroparía como reforma estatutaria las inconstitucionales pretensiones soberanistas de Ibarretxe.
Ciertamente, con el apoyo de los socialistas, y con un futuro equilibrio de fuerzas similar al de esta legislatura, nada impediría a Ibarretxe sacar adelante un estatuto soberanista que, reconociendo la "nación vasca" y el "derecho a decidir de los vascos", podría ser sometido a referéndum en el País Vasco. De hecho, eso mismo es lo que ya se quiso a hacer, con el visto bueno tanto de Ibarretxe como Zapatero, como forma de reconducir el mismo desafío que ya lanzara el lehendakari hace tres años.
Pero para eso, tanto antes como ahora, se necesita la complicidad de ETA en forma de tregua que prestigie con la "paz" unas alianzas y unos acuerdos entre socialistas y separatistas vascos que ahora resultan electoralmente suicidas.
Como en otras ocasiones hemos señalado, la resistencia civil a que Zapatero hiciera realidad todos sus compromisos adquiridos con ETA, así como, paradójicamente, la insaciabilidad de la propia organización terrorista es lo que ha interrumpido el proceso mal llamado "de paz". Con él, el Gobierno buscaba y busca consolidar el frente anti PP y los nacionalistas acabar con el marco constitucional y español, valga la redundancia, del País Vasco.
Es evidente que para evitar que este proceso de secesión y felonía no se reanude es imprescindible que el PSOE no lo siga liderando un absoluto nihilista como José Luis Rodríguez Zapatero. O eso o confiar, como en el caso catalán, en una independencia del Tribunal Constitucional que con otra legislatura de Zapatero estaría aun más acechada.
De lo que podemos estar seguros es que el lehendakari, a pesar de la marcha de Imaz de la dirección del PNV, no se saltará la ley sin la complicidad de Zapatero y sin contar con ETA.
