La detención de los miembros del principal órgano de decisión de Batasuna –siempre y cuando no tengamos en cuenta a los pistoleros que dan las órdenes, claro– es una buena noticia. Una noticia extraordinaria, que nos alegra sobremanera. Desgraciadamente, está necesariamente empañada por la constatación de que podría haber tenido lugar meses, años antes. Sólo la voluntad de un juez más preocupado por la política y por su propia imagen que por la Ley que juró representar lo ha impedido.
El auto por el que Garzón justifica la detención de Joseba Álvarez el pasado martes demuestra que desde que regresó al Juzgado Central Número 5 de la Audiencia Nacional ha optado, voluntariamente, por no aplicar la ley. En él detalla una docena de reuniones de los dirigentes del brazo político de la banda terrorista que tuvieron lugar a lo largo de más de un año, sin que él moviera un dedo para evitarlas. Es más, mientras los dirigentes batasunos se reunían con conocimiento de Garzón para diseñar las acciones de su organización ilegal, el juez tuvo la caradura de dictar un auto en que se inventaba una entidad imaginaria –la "izquierda abertzale"– con tal de no actuar contra los portavoces de Batasuna por dar una rueda de prensa en su calidad de dirigentes de la organización tras el atentado de Barajas.
No existe ninguna razón jurídica para detener a la cúpula de Batasuna ahora que no existiera hace un año o dos. Lo único que ha cambiado desde entonces son las necesidades políticas de José Luis Rodríguez Zapatero. Entonces los criminales de ETA eran hombres de paz, y ahora no. Entonces jueces y fiscales tenían la obligación de "ensuciar su toga con el polvo del camino", como dijera el Fiscal General del Gobierno, y ahora no.
No cabe pensar es que el Gobierno ha rectificado. Está necesitado de aparentar firmeza de cara a las elecciones, y más ahora que Ibarretxe ha puesto sobre la mesa un desafío que resulta imposible de ocultar a los españoles. Pero con la misma facilidad irresponsable con que Garzón decide que una cosa no es delito, pero luego sí lo es, Zapatero volverá a las andadas en cuanto le dejen, es decir, en cuanto sea reelegido. Sólo los ciudadanos españoles que deseen de verdad el fin del terrorismo podrán evitarlo, con su voto, en las próximas elecciones generales.
Desgraciadamente, lo que no podrá cambiar ni aunque Rajoy obtuviera la mayoría más aplastante de la historia de la democracia española es la imagen en que ha quedado el sistema legal español. ¿Cómo podremos responder a las acusaciones de los proetarras cuando aseguran estar presos por una justicia política? ¿Cómo se les podrá contestar cuando hablen de una lucha entre dos grupos violentos de igual legimitidad? ANV y PCTV podrán ser ilegalizados y todos sus dirigentes entrar en prisión, pero al Estado de Derecho difícilmente podrá recobrarse de la inevitable conclusión a la que conducen las andanzas del juez que veía amanecer: la ley está para emplearla cuando convenga; y cuando no, puede arrojarse por el retrete.
Por supuesto, a una persona del narcisismo y la irresponsabilidad de Garzón, consecuencias tan funestas le traen sin cuidado. Nosotros, como sí respetamos el Estado de Derecho, no vamos a afirmar que Garzón ha prevaricado, pues eso deberá decidirlo un juez, pero no podemos sino dejar claro que su actuación hoy, ayer y siempre reúne todos los elementos necesarios para justificar esa acusación. Su única razón es él mismo, y todo lo demás, incluyendo la ley, queda subordinado a lo que su voluntad le dicte. Una persona así jamás debería haber sido juez; que aún lo siga siendo es una vergüenza para nuestro Estado de Derecho.