Ha ocurrido algo que, con nuestra legislación en la mano, no puede tenerse en pie: Ibarretxe se lanza a proponer una consulta popular secesionista y hasta le pone fecha. A partir de ahí se abren varias vías jurídicas, pero lo principal es que la Constitución, en su artículo 2, dice que "la Constitución se fundamente en la indisoluble unidad de la Nación española", que en su artículo 1 afirma que "la soberanía nacional reside en el pueblo español" y que en su artículo 149.1.32 prescribe que entre las competencias exclusivas del Estado está la de "autorización para la convocatoria de consultas populares vía referéndum".
Dicho lo anterior, y teniendo en cuenta que una de las primeras medidas que el Gobierno ZP tomó fue la modificación del Código Penal para no sancionar penalmente a quienes convoquen un referéndum ilegal, por muy consultivo que sea, parece irreal que un Gobierno como el actual vaya a aplicar el artículo 155 de la Constitución, precepto según el cual podría, contando con la mayoría absoluta del Senado, tomar las medidas que estimase oportunas en defensa de la legalidad constitucional y del interés nacional. Por tanto, la única vía de actuación posible sería la de plantear un conflicto de competencias positivo entre el Gobierno Vasco y el Gobierno de España, un camino recogido por la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, puesto que la convocatoria del referéndum implica que las autoridades de una Comunidad Autónoma han usurpado una competencia estatal.
Presentado el correspondiente recurso, y hasta que el Tribunal Constitucional lo resuelva, quedaría suspendida de forma automática la resolución impugnada, es decir, la convocatoria del referéndum, sigue diciendo la ya citada Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Así, el famoso referéndum no debería tener más éxito que el llamado Plan Ibarretxe, ese engendro que llegó a debatirse en el Congreso cuando había medidos legales para impedir esa bochornosa circunstancia, a no ser que el Ejecutivo vasco decidiera ignorar la resolución del tribunal y seguir adelante y Zapatero no lo impidiera.
Pero lo importante de este anuncio de convocatoria de un referéndum secesionista no es tanto su eficacia práctica, nula si se aplican los resortes legales existentes, aun menguados por el propio Gobierno de Zapatero, si no que certifica que el nacionalismo presenta iniciativas cada vez más audaces, a sabiendas de que el Gobierno actual le va a responder de forma timorata. Porque la utilización del conflicto de competencias, y no la vía del artículo 155 de la Constitución en defensa de la Constitución y del interés general de España, no hace más que demostrar que la defensa de nuestra Nación se está haciendo sin utilizar en su integridad todos los resortes legales que tenemos a nuestro alcance.
