No hace falta que presente el caso de Madeleine McCann porque gracias a los medios de comunicación es bien conocido por todos. Los cinco meses de la desaparición de la pequeña Madeleine están demostrando día a día la ineptitud estatal. 150 días dan para mucho, pero incluso el trabajo y los recursos de policías de varios países –sólo en Portugal han participado 180 funcionarios– han sido incapaces de construir una sola teoría firme sobre la desaparición de la niña.
De las muchas tonterías que se han cometido en esta investigación, la gota que colma el vaso de la ineptitud gubernamental ha sido la de la supuesta fotografía de la niña. Como sabrán, este verano unos españoles de visita en Marruecos hicieron una fotografía donde se puede ver una niña parecida a la joven Madeleine McCann. A principios de esta semana la pareja de españoles entregaron la fotografía a la policía de Albacete y el subdelegado del Gobierno, José Herrero Arcas, informó de que en diez o quince días podría decir si la niña era o no Madeleine.
A partir de aquí se montó el típico show gubernamental de despliegue de medios. La policía española envió la fotografía nada más y nada menos que a la Interpol que, recordemos, se creó con el fin de mejorar la cooperación de la policía criminal a nivel mundial hace más de 80 años. Mientras tanto, la policía de Rabat también intentó involucrarse esperando los análisis y permisos de Portugal para investigar. Cientos de funcionarios trabajando en dos continentes, todos consumiendo toneladas de recursos; el mastodonte burocrático se había puesto en marcha y todo era cuestión de pocas semanas.
Pero no ha hecho falta esperar tanto tiempo para resolver la intriga, pues el miércoles lo supimos todo. Un fotógrafo privado del Evening Standard hizo lo que a cientos de policías ni se les pasó por la cabeza: comprar un sencillo billete de avión, ir a Marruecos y preguntar. No hubo suerte, la niña fotografiada no era Madeleine. La Interpol, la policía lusa, la marroquí, la española y su nexo de unión, la burocracia, quedaron en ridículo una vez más por el trabajo de un sólo hombre. Tal vez ahora entienda por qué los gobiernos en conflicto recurren cada vez más a grandes empresas privadas de mercenarios: es la única forma de escapar a su propia burocracia, ineficiencia y altos costes.
Relacionemos esto con las últimas declaraciones de Elena Salgado. Relegada a la cuarta fila del Gobierno, la ahora ministra de Administraciones Públicas tuvo una excepcional oportunidad de montar su propio espectáculo mediático abogando por una mayor intromisión del Estado en la vida de las personas. Para ella, la calidad sólo puede ser resultado de la intervención estatal. Pero si el mastodonte es incapaz de asegurar ni siquiera sus servicios más básicos, como decirle a una familia dónde está su hija o qué ha pasado con ella, ¿cómo podemos esperar que el Gobierno se dedique a hacer puentes, casas, empresas correctamente? Y ya no digamos nada de asegurarnos algo tan complicado como nuestro bienestar presente y futuro...
La ministra Salgado olvida el tipo de calidad que crea la Administración: largas colas en la seguridad social, desidia en las empresas estatales como Correos, corrupción urbanística impulsada por la hegemonía política, dificultades para montar una empresa, obras como las del Carmel donde los pisos se desploman y nadie se responsabiliza o pensiones obligatorias que nunca vamos a cobrar.
Salgado, en una clara crítica a la libertad individual y a los derechos inalienables del hombre (libertad, vida y propiedad), dijo que el Estado no es un "mal necesario", sino un bien. Señora Salgado, deje sus visiones jurásicas e intereses personales a un lado para prestar atención a la realidad. Si lo hiciera, se daría cuenta de que cualquier Gobierno es un mal innecesario, un ente donde la eficiencia y la calidad siempre brillan por su ausencia, tanto en los servicios básicos del Estado (seguridad y justicia) como en el más amplio esquema del Estado del Bienestar.