ETA ha vuelto a dejar en evidencia al Gobierno, haciendo nuevas revelaciones de su negociación con la banda asesina. Los socialistas responderán restándole toda la credibilidad a Gara por el simple hecho de su relación con el mundo de ETA. Este argumento no se sostiene, porque es evidente que si los socialistas han estado muchos años sentados en la mesa de negociación con la banda terrorista es porque, ellos sí, le otorgaron a la banda y sus tentáculos una credibilidad a prueba de bombas. Por otro lado, si quieren desmentir la información de Gara no tienen más que hacer públicas las actas de la negociación, como ha pedido con insistencia la oposición. No lo hará por el simple hecho de que con ellas sólo podrían confirmar lo que se va sabiendo.
Algo que, por otro lado, confirma los peores temores, que por desgracia coincidían con los mejores análisis. No hacía falta desplegar rasgos de genialidad para saber que ETA no daría pasos adelante en la negociación si el propio Gobierno no los daba, en el sentido de las exigencias tradicionales de la banda. A la vista de todos estaba que la excarcelación del sanguinario Ignacio de Juana Chaos era parte de lo acordado, así como todo el papel jugado por el Fiscal General de Zapatero, Cándido Conde Pumpido, ese al que el presidente llama cada vez que necesita algo, como reconoció Bono.
Pero las últimas revelaciones van más allá del destino temporal de un criminal. Porque las concesiones que ya había hecho el Gobierno a la banda y que estaba en proceso de satisfacer dan cuenta de cuán lejos está dispuesto a llegar José Luis Rodríguez Zapatero. Por ejemplo, el Gobierno se ha prestado a aceptar la definición etarra de lo que es el País Vasco, como entidad política propia, y como tal a permitir un referéndum sobre su secesión, obviando por completo a la Constitución.
El Gobierno de Zapatero ha ido tan lejos como para aceptar que el Estado deje de tener presencia en aquella parte del territorio nacional, que deje de cumplir y hacer cumplir la ley. Ello supone, de hecho, suspender de facto la aplicación de la legalidad en el País Vasco y de nuevo conceder tácitamente que la presencia de fuerzas del Estado allí es un hecho irregular, que los cuerpos de seguridad son poco menos que bultos sospechosos, cuando no agentes de ocupación, en lugar de fuerzas puestas al servicio de la seguridad de los ciudadanos españoles.
Pero mención aparte merece el capítulo dedicado a la comunidad navarra. De acuerdo con lo revelado por Gara y que no ha sido desmentido, acta en mano, por el Gobierno, la camarilla liderada por Zapatero y que ocupa La Moncloa no se había negado en principio a la anexión de Navarra por el País Vasco. Lo más que han llegado a decir los socialistas es que a Navarra "había que seducirla". A la luz de las circunstancias, ello sólo puede querer decir seducirla en las elecciones autonómicas, y desde un gobierno regional de coalición entre socialistas y nacionalistas fomentar la creación de instituciones comunes, para seguir con el programa hasta la llegada del referéndum.
De modo que Zapatero estaba dispuesto a llegar muy lejos. Y lo está. Porque él no ha renunciado a la negociación con la ETA y porque sólo lleva poco menos de una legislatura en el poder. Si revalida la mayoría suficiente para mantener el Gobierno no cejará hasta satisfacer gran parte de lo que ya tiene acordado con la banda criminal. Por más que estén rotas las negociaciones, de lo que hablamos no es del pasado sino del futuro del País Vasco y, por tanto, de España. Por eso resultará determinante el resultado electoral en los próximos comicios.
