Cada día hay más síntomas y más preocupantes del deterioro de nuestra convivencia democrática. Los líderes del principal partido de la oposición son amenazados de muerte con total impunidad en Cataluña o el País Vasco, los símbolos nacionales son quemados públicamente ante el Jefe del Estado, se anuncian referéndums ilegales para provocar la secesión de partes del territorio nacional, muchos ayuntamientos de niegan a izar la bandera de España o se atacan recurrentemente las sedes de los partidos democráticos. El Gobierno ante estos hechos se limita a negar la realidad o tratar de minimizar los incidentes, pero es cada vez más evidente que necesitamos una alternativa que permita recuperar el clima de convivencia democrática que ha caracterizado a nuestro país en las últimas décadas.
Rodríguez Zapatero tiene una gran responsabilidad en este deterioro del clima de convivencia hoy en España. En primer lugar por la alianza del PSOE con las minorías independentistas más radicales como fórmula para alcanzar el poder en varias comunidades autónomas y en el conjunto de España. Esa alianza de conveniencia, lejos de servir para moderar a los socios secesionistas del Gobierno, ha arrastrado a los socialistas españoles hacia posiciones más propias del nacionalismo radical que de un partido nacional como históricamente fue el PSOE. La debilidad de Zapatero ha sido percibida además por esos socios independentistas del Gobierno como una oportunidad histórica para precipitar la realización de sus más inasumibles fantasías secesionistas. Zapatero ha logrado así, con su irresponsable política de alianzas, radicalizar a los moderados y exacerbar aún más a los radicales. La dimisión de Imaz esta semana al frente del PNV es la última prueba de esta deriva radical.
El deterioro del clima de convivencia es también resultado de la estrategia frentista diseñada por Zapatero para alcanzar el poder e intentar ahora perpetuarse en él. Una estrategia que comenzó con los ataques a las sedes del Partido Popular y las manifestaciones violentas contra el Gobierno de Aznar cuando el PSOE estaba aún en la oposición y que se articuló políticamente en el Pacto del Tinell que consagraba la exclusión de un partido que representa a diez millones de votantes del juego político. Una estrategia que se ha intensificado tras llegar Zapatero al poder con un permanente intento de deslegitimación democrática del adversario. No ha dudado en falsear la realidad para presentar a un partido de centro liberal como si se tratara de una extrema derecha antidemocrática heredera directa de la dictadura franquista. Esta estrategia del odio, alimentada personalmente por Zapatero, ha llegado al extremo esta semana: la ministra de Administraciones Públicas no sólo no ha condenado las agresiones contra el principal partido de la oposición, sino que se ha atrevido a justificarlas con argumentos que, hasta ahora, sólo oíamos a los simpatizantes de ETA. Es inadmisible que una ministra del Gobierno de España culpe a los propios dirigentes populares de las amenazas de muerte que padecieron en la conmemoración del último 11 de septiembre en Barcelona. Es difícil concebir mayor ruindad política ni mayor degradación moral.
Un tercer elemento que alimenta el deterioro de nuestra convivencia ha sido la falta de autoridad exhibida por el Gobierno ante los violentos. Esta falta de autoridad se pone en evidencia ante fenómenos como el incumplimiento de la legalidad en muchos pueblos del País Vasco y algunos de Cataluña en relación con la bandera española. Hacer cumplir la Ley, al margen de cualquier otra consideración política, es la primera obligación de todo gobierno democrático, pero en muchas ocasiones Zapatero prefiere mirar para otro lado ante estas provocaciones. La falta de firmeza del Gobierno está provocando así un envalentamiento de los violentos que ven cómo pueden proferir sus amenazas o consumar sus agresiones con casi total impunidad.
Restaurar el clima de convivencia en nuestro país pasa necesariamente por una alternativa democrática que centre sus esfuerzos en recomponer los consensos constitucionales básicos que se fraguaron durante nuestra Transición democrática, que nos han permitido casi tres décadas de libertad y prosperidad inéditas en nuestra Historia y que ahora han sido rotos por la irresponsabilidad y el aventurerismo de Zapatero. Es imprescindible, a su vez, fortalecer nuestro Estado de Derecho para que se pueda hacer cumplir la Ley en cualquier punto de España y evitar así cualquier sentimiento de impunidad en los violentos. Pero lo más importante es recuperar el principio moral que nos impulsa a estar siempre con las victimas y condenar a quienes las amenazan o agreden. Ésa es exactamente la alternativa que lidera Mariano Rajoy.
