El Fiscal General del Estado ha roto su largo silencio, que contrasta con su anterior locuacidad durante el proceso de negociación con ETA, para decir que es contraproducente aplicar una lógica militar a la lucha contra el terrorismo porque eso legitima a los asesinos y resta eficacia. Conde Pumpido, que no ha podido ser más inoportuno en sus apreciaciones precisamente el día en que se evitaba un nuevo gran atentado contra la principal base militar de Estados Unidos en Europa, ha aprovechado este argumento para criticar duramente, sin citarla, a la administración norteamericana y su guerra frente al terror, en un ejemplo más de cómo deteriorar las relaciones con la primera potencia del mundo y nuestro máxima aliado en la lucha contra el terrorismo islamista.
Esta consideración del terrorismo como un mero problema de delincuencia común supone un grave error en la concepción de su lucha. En primer lugar, porque implica la negación de la posibilidad de una victoria sobre el terror, asumiendo el fenómeno terrorista como un mal que las sociedades democráticas deben soportar con la misma resignación que el robo de una cartera.
En segundo lugar, porque veta la posibilidad de utilizar los medios militares en la lucha contra el terror, ya sea dentro de nuestras fronteras, en cooperación con las fuerzas de seguridad, ya sea en el exterior, realizando operaciones que eliminen las infraestructuras y las capacidades de terroristas que representen una amenaza inminente a nuestra seguridad. Sin menoscabo alguno al papel crucial de policías y jueces en la lucha contra el terror es necesario reconocer que ante un fenómeno de la dimensión global como el terrorismo su actuación es imprescindible pero por desgracia no suficiente. Y si tiene alguna duda al respecto nuestro Fiscal General debería visitar a nuestros soldados en Afganistán.
En tercer término, porque ante la posibilidad cierta de nuevos mega atentados tiene mucha mayor trascendencia evitar que se consume el ataque que el mero hecho de detener con posterioridad a los autores y ponerlos a disposición judicial. Esa doctrina de prevención y anticipación es más propia de la lógica militar y de inteligencia que de la lógica policial y judicial que lo que pretende es perseguir y castigar a los delincuentes.
El terrorismo, especialmente si se combina con la proliferación de armas de destrucción masiva, es una amenaza existencial para el conjunto de los estados democráticos que están obligadas a emplear todos los medios nacionales, incluyendo por supuesto los militares, para tratar de derrotarlo. Negar esa posibilidad y reducirlo a un mero problema de policías y ladrones es condenar a Occidente a su suicidio.
Dar la consideración de enemigos, que no de combatientes, no supone además ninguna legitimación del terrorista. Conviene recordar a nuestro Fiscal General que lo que sí otorga legitimidad a un terrorista es darle la consideración de interlocutor político que es exactamente lo que ha hecho el Gobierno de Zapatero durante su proceso de negociación con ETA al que tanto ha contribuido personalmente.
