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EDITORIAL

La rehabilitación de los depredadores

Si el grado de reincidencia del delincuente sexual es alto en general, en España se da un gran porcentaje de casos que se producen por presos que ni siquiera han cumplido su pena, pero que aprovechan sus permisos carcelarios para volver a delinquir.

La castración química está siendo objeto de atención en numerosos países después de que el presidente francés, Nicolás Sarkozy, a colación de un caso de reincidencia por un delito de pederastia ocurrido la semana pasada, afirmase que los delincuentes sexuales sólo saldrán de prisión cuando hayan cumplido íntegramente su pena y tras una valoración de su peligrosidad por parte de un comité médico.

Frente al absoluto desinterés mostrado por el presidente Zapatero, hay que celebrar que la Generalitat, al menos, se haya propuesto estudiar y debatir dicho tratamiento, tal y como se dispone a hacer, con el apoyo del PP y CiU, a través de una comisión independiente impulsada por el departamento de Justicia y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

Si el grado de reincidencia del delincuente sexual es alto en general, en España se da un gran porcentaje de casos que se producen por presos que ni siquiera han cumplido su pena, pero que aprovechan sus permisos carcelarios para volver a delinquir. Lo propuesto por Sarkozy no es más que una reforma legislativa que impida a quienes han sido encarcelados por delitos de pederastia salir a la calle –aun cuando hayan cumplido su pena– si, en opinión de un tribunal médico, continúan siendo un peligro. De estos, sólo los que acepten un tratamiento hormonal que de forma vigilada mantenga erradicado su impulso sexual podrán disfrutar de su puesta en libertad.

Se trata, pues, de una medida que puede ser altamente positiva para reducir delitos tan abominables como los abusos sexuales y que puede conjugar de forma muy efectiva todas las funciones que debe contemplar la aplicación de la pena, no solo la disuasoria sino también la rehabilitadora.

Aunque tampoco convenga confundir el juicio con el diagnostico, ni la terapia con el castigo, o la cárcel con el hospital, con quienes, desde luego, no nos vamos a alinear es con quienes se muestran más celosos de los derechos de los agresores que los de sus víctimas. En cualquier caso, bienvenida sea la iniciativa de la Generalitat, que al menos abre un debate sobre el que Zapatero ha mostrado tan lamentable desinterés.

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