Ni siquiera el cinturón sanitario contra el PP ha resistido esta vez el bochorno tercermundista causado por el caos de servicios públicos esenciales en Cataluña. Todos, incluidos los socios del PSC en el Tripartito, han pedido la comparecencia urgente de la ministra de Fomento en el Congreso, para que explique la secuencia de colapsos de prestaciones básicas como el suministro eléctrico, las carreteras, los ferrocarriles o los servicios aeroportuarios, que contribuyentes y turistas vienen padeciendo en esta Comunidad Autónoma donde Rodríguez Zapatero prometió mirarse como en un espejo de su gestión.
Llueve sobre mojado un año después de la mayor anarquía experimentada jamás en un aeropuerto de un país desarrollado. Los graves sucesos de El Prat del verano de 2006, cuando la seguridad de miles de viajeros se puso en riesgo por la irresponsabilidad de los piquetes sindicales que invadieron la pista del aeródromo y la ausencia de Estado en Cataluña, ha conocido este año una versión corregida y aumentada en la parálisis de la ciudad de Barcelona por apagones, caravanas de más de 70 kilómetros en las autovías de la capital y huelgas más o menos encubiertas en los trenes de cercanías y los servicios de tierra, de nuevo, en El Prat.
La situación vivida por cientos de miles de personas, a lo largo de las últimas semanas, se resume en la escena, típica del subdesarrollo, de un tren de cercanías bloqueado durante dos horas y media en un túnel de la Estación de Sans, con 400 pasajeros a bordo, por un apagón.
Los usuarios han desahogado su impotencia e indignación con caceroladas o tomando su propio camino a pie, aun a riesgo de su seguridad, a lo largo de las vías del tren. Es típico de gobiernos colectivistas dejar tirados a los ciudadanos ante la primera adversidad en su modelo de sociedad intervenida. En este sentido, los gobiernos estatal y autonómico, competidores en demagogia colectivista, han respondido fielmente a este patrón durante esta nueva crisis en los servicios públicos de Cataluña.
La respuesta del Gobierno social-nacionalista de Cataluña, arremetiendo contra el operador privado de las autopistas y obligándole a levantar las barreras de peaje, recuerda demasiado a episodios de autoritarismo de los gobiernos populistas de Argentina, Bolivia y Venezuela contra empresas privadas españolas, como para no advertir entre ellas un inquietante paralelismo. Al igual que aquellos gobernantes despóticos, el consejero de Política Territorial, Joaquim Nadal, ha venido a acusar al concesionario de las autopistas... ¡de ganar demasiado dinero!
Con precedentes como el de alzar por decreto las barreras de peaje, y con razonamientos como el que han utilizado para justificar esta medida, la inseguridad jurídica está servida en Cataluña, y a nadie debe extrañar que las empresas empiecen a huir de la región.
En cuanto al Gobierno de la Nación, su ausencia ha vuelto a ser la tónica ante una crisis de los servicios públicos esenciales. Los catalanes, una vez más, han estado sin gobierno cuando más se le necesita, seguramente porque en Cataluña, como advirtió Pascual Maragall, la presencia de las instituciones de España es cada vez más residual.
El deterioro de la calidad de vida y el de la libertad suelen ir de la mano, y el caso del llamado "oasis catalán" no es una excepción. Al contrario: lo que sus ciudadanos empiezan a padecer son las consecuencias de la dramática paradoja que debería servir de aviso al resto del país, la de vivir tutelados por los políticos hasta para ir al baño y, sin embargo, no encontrar a ninguno cuando de responder de la chapuza y la incompetencia se trata.
