Desde muchos meses antes de que ETA declarase su "alto el fuego", sabíamos por el diario El País y por unas indiscretas y cándidas revelaciones de Fernando Sabater que Zapatero tenía un plan para "dar salida a los presos por una tregua cuanto antes". Lo que no sabíamos –aunque de este Gobierno no nos sorprenda en absoluto– es que esa oferta de impunidad incluía un estudio encargado al CNI donde el Gobierno del 14-M barajaba la posibilidad de pagar hasta 1.500 euros mensuales durante diez años a los terroristas "reinsertados", tal y como informaba este domingo el diario El Mundo.
A nadie debería sorprender que Fernández de la Vega haya desmentido este lunes la información, teniendo en cuenta que se trata de la vicepresidenta de un Gobierno que desde sus orígenes ha hecho de la mentira el eje de su actuación política, de manera muy particular en sus tejemanejes con ETA. También negó el Gobierno de Zapatero haber mantenido contactos previos con la organización terrorista, cuando los había tenido desde antes incluso de llegar al poder. También dio Zapatero por válida la "fase de verificación" y la "voluntad de paz" de ETA pese a que los terroristas habían dejado en evidencia, desde su primer comunicado de tregua, que volverían a la lucha armada si el Gobierno no cumplía su compromiso de acceder a todas las soberanistas y totalitarias pretensiones por las que la banda había asesinado a casi un millar de españoles. También dijo el Gobierno de Zapatero durante la tregua "no tener constancia" de las cartas de extorsión a los empresarios, pese a que no sólo las denunciaron las victimas sino hasta los verdugos, que las justificaron en un comunicado por razones de "financiación". También aseguró el Gobierno que sería respetuoso con la "letra y el espíritu" de la Ley de Partidos, y ahí están los proetarras de ANV y PCTV disfrutando de fondos públicos e interlocución política, no sin antes haber descalificado la legislación antiterrorista, por boca del Fiscal General del Estado, como un "guantánamo electoral" y haber incitado a jueces y fiscales a "ensuciar sus togas con el polvo del camino". Eso, por no hablar de los "hombres de paz" como Arnaldo Otegi o Ignacio de Juana y tantas otras mentiras con las que este Gobierno colaboracionista maquilló a sus criminales compañeros de viaje.
Nos llevaría, ciertamente, varios editoriales reproducir todas las mentiras del Gobierno como para que ahora nos sorprenda una más, como la relativa a esas retribuidas ofertas de impunidad. Lo que sí nos sorprende es que el diario que se ha marcado un tanto informativo al desvelarlas, considere editorialmente que "la sociedad española habría aceptado probablemente esta concesión como el precio inevitable de la paz, e incluso las víctimas podrían haberlo asumido como quien toma aceite de ricino porque una cosa es facilitar una salida a unos etarras para reinsertarse en la sociedad y otra negociar en el plano político." Y decimos que sorprende no sólo por el profundo desconocimiento que desvela el diario sobre lo que piensan un inmenso número de víctimas del terrorismo a este respecto, sino por la injustificada consideración de que una oferta de impunidad, que para colmo es retribuida económicamente, no sea una "negociación en el plano político". Lo es, y de manera radical. La justicia es el mayor bien político que puede y debe ofrecer el Estado.
Bien es cierto que nuestro ordenamiento jurídico contempla la reinserción, pero no como el resultado de una negociación con prófugos de la justicia, sino del tratamiento individualizado de la pena sobre aquellos que ya cumplen condena, con independencia de que los demás sigan o no en tregua. Y una cosa es la "reinserción", que también debe respetar la función disuasoria y punitiva de las penas, y otra muy distinta un oferta de recolocación a cargo del erario público a unos chantajistas que, para colmo y según la propia información de El Mundo, hicieron ver a sus interlocutores gubernamentales "las repercusiones que tendría para la economía española una campaña de bombas en las playas en época estival, y lo fácil que es para ellos realizarla".
A nadie debería sorprender la persistencia de ETA cuando de forma permanente nuestras élites políticas y mediáticas han tenido la oferta de impunidad sobre la mesa "como el precio inevitable de la paz". Pero si en ocasiones hemos denunciado la generalizada condescendencia con lo que fueron los "procesos de paz" en tiempos de Aznar y de sus antecesores, más nos sorprende la insistencia en esos errores sobre los que Zapatero edificó la infamia de prenegociar la tregua sobre ofertas que no sólo incluían la impunidad, sino cambios en los estatus políticos del País Vasco y Navarra. Todo para generar falsas esperanzas, tanto a los ciudadanos como a los terroristas, con la que dotarse de una atractiva pero falsa y caduca paz electoral.
Quienes consideramos que las fronteras y la unidad más sagradas que una nación debe preservar son las que la configuran como Estado de derecho no deberíamos distinguir entre "precios políticos" y "penitenciarios", sino confiar en el imperio de la ley para derrotar a ETA rechazando cualquier oferta de impunidad, que lejos de ser "el precio inevitable de la paz", es lo que oxigena a ETA y le hace creer que es capaz de lograr objetivos mayores.
