No podemos sino estar de acuerdo con la afirmación del ministro de Justicia, a propósito del auto del magistrado Ferrín, de que "el juez que utiliza una resolución judicial para plasmar sus opiniones íntimas acerca de sus valores está confundiendo los ámbitos del poder que la ciudadanía le entrega". Lo que en Estados Unidos se ha calificado de "activismo judicial" y aquí de "uso alternativo del derecho" no es más que una usurpación de las competencias del poder legislativo por parte del judicial. Jueces y fiscales existen para aplicar la ley que los representantes electos de los ciudadanos han aprobado en las Cortes. Si imponen sus propios valores y creencias personales por encima de la ley, están sustituyendo a los diputados y matando no sólo a Montesquieu, sino al mismo principio democrático de que la ley ha de ser redactada por personas elegidas por los ciudadanos, y no por funcionarios que han aprobado una oposición.
El Tribunal Supremo de Estados Unidos, por ejemplo, ha acordado recientemente prohibir a los funcionarios escolares repartir a los niños según el color de su piel para lograr que los colegios tengan un alumnado que refleje la "diversidad racial" de la población. El juez John Roberts, presidente de la Corte, ha escrito en el fallo que "la manera de dejar de discriminar en función de la raza es dejar de discriminar en función de la raza", algo que parece de sentido común. Sin embargo, el argumento que dieron algunos jueces activistas para permitir que las autoridades locales obligaran a muchos niños a desplazarse grandes distancias para ir a la escuela, una práctica conocida como busing, es que los psicólogos decían que la diversidad racial era buena para el desarrollo de los chicos, como si esa opinión, tan progresista ella, estuviera por encima de las leyes escritas de Estados Unidos, que prohíben la discriminación. Del mismo modo, al verter sus opiniones sobre homosexualidad en su decisión, el juez Ferrín estaba poniéndose por encima de la ley.
Sin embargo, todo lo que ha dicho Bermejo, que suscribimos completamente, es igualmente aplicable a los fiscales, que en España tienen la función de promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, por lo que han de dejar de lado sus valores y opiniones para obedecer lo que dicta la ley. Y habiendo declarado de sí mismo, cuando aún era fiscal, aquello de "soy de izquierdas y como tal actúo", la única conclusión que cabe extraer es que el ministro de Justicia adora el "uso alternativo del derecho" –es decir, el incumplimiento de la ley en nombre de los valores y creencias de jueces y fiscales– cuando se emplea para hacer avanzar las ideas y proyectos de la izquierda y le parece inadmisible cuando se hace lo mismo en sentido contrario. En definitiva, lo que siempre se ha conocido como ley del embudo: lo ancho para los míos, lo estrecho para los demás.
Mariano Fernández Bermejo es un progre en estado puro, es decir, un sectario de tomo y lomo. Lo demostró durante los once años que estuvo como fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que empleó no para defender la legalidad, sino para filtrar una querella contra un alcalde del PP al Grupo Prisa antes de que la conociera el interesado o hacer declaraciones contra el Gobierno y las leyes que aprobó, en especial la de los juicios rápidos. Una vez ascendido por los suyos cuando llegaron al poder, pese al voto en contra del Consejo Fiscal, fue el encargado de lavarse las manos y no actuar contra el PCTV. Su opinión contraria a la aplicación de las leyes contra el terrorismo y su apoyo incondicional a los líderes del PSOE contaron mucho más que el principio de legalidad que tenía obligado defender. Que con un historial como el suyo venga ahora a criticar a otros juristas por poner por delante sus opiniones a la ley no es sino otra de las muchas burlas que, desde que está en el Ministerio, le ha dedicado Bermejo a la Justicia.
