Rodríguez Zapatero pretende recuperar en seis meses los tres años de legislatura perdida. Su agónica crisis en el Gobierno ha querido recordar a los españoles que pese a todos sus fracasos sigue siendo por el momento jefe del Ejecutivo y avisar de paso a su partido de que pese a todo sigue mandando. Zapatero echará además mano de la chequera del Estado, ya lo hizo en el debate sobre el estado de la Nación con su improvisada propuesta de pagar 2.500 euros por nacimiento, para tratar de tapar sus errores con el dinero de todos los españoles. El problema no es que sea ya demasiado tarde para salvar esta legislatura fallida, lo peor para el actual inquilino de La Moncloa es que el tiempo corre ya en su contra.
Zapatero ha centrado todo su proyecto político en tres grandes apuestas. La primera fue una negociación con los terroristas que le permitiera rentabilizar políticamente la debilidad de ETA. Este proceso ha fracasado estrepitosamente porque el precio exigido por los terroristas estaba más allá de lo que Zapatero podía pagar. El proceso sólo ha servido así para fortalecer a unos terroristas que han visto como en su momento de máxima debilidad han podido negociar políticamente con el Estado, han arrancado al Gobierno importantes concesiones y han aprovechado la distensión creada para reconstituir su maltrecha organización criminal. Es muy probable que pese a su fracaso Zapatero intente volver en un futuro a la senda de la negociación con los terroristas, pero sabe que ese camino es suicida para los intereses de su partido antes de las elecciones. Su estrategia para lo que queda de Legislatura es que se olvide ese gran fracaso y que no se hable de ETA, a pesar de que el terrorismo vuelve a ser el problema que más preocupa a los ciudadanos.
La segunda gran apuesta de Zapatero fue una reforma territorial del Estado que diera satisfacción a sus socios independentistas. La reforma, cuyo buque insignia fue el nuevo estatuto para Cataluña pero cuya estela han seguido otras Comunidades Autónomas, ha generado en primer lugar una creciente conflictividad entre los territorios, ha debilitado al Estado hasta límites peligrosos y ha provocado una creciente desafección en los ciudadanos, como demostró la baja participación en el referéndum estatutario de Cataluña y Andalucía. Ni siquiera consiguió Zapatero dar satisfacción a sus socios parlamentarios más radicales que han abandonado al Gobierno y exigen de forma cada vez más perentoria la independencia de sus territorios. Todo ello a la espera de una sentencia del Tribunal Constitucional que puede obligar a derribar un edificio construido en buena medida fuera del solar constitucional.
La tercera apuesta de Zapatero ha sido una política de aislamiento y aniquilamiento político que deslegitimara al Partido Popular como alternativa democrática. Para ello el PSOE no ha dudado en romper todos los consensos constitucionales previos, dejando al PP al margen de las grandes cuestiones, desde la lucha contra el terrorismo hasta la reforma territorial del Estado, pasando por la educación. El PSOE se ha embarcado además en un proceso de revisión histórica que rompa definitivamente con el espíritu de reconciliación de nuestra transición democrática y conduzca a la deslegitimación democrática del adversario provocando un enfrentamiento radical entre españoles. Una política que arranca del Pacto del Tinell, por el que se prohíbe cualquier acuerdo con el PP sobre ninguna cuestión, y que ha pretendido excluir a lo largo de toda la Legislatura de la vida política a diez millones de españoles que votaron a este partido.
Son sin duda demasiados errores como para recuperar en seis meses todo el tiempo perdido. Pero el verdadero problema es que el tiempo corre en realidad en contra de los intereses de Zapatero. Así, a pesar de los esfuerzos del jefe del Ejecutivo porque no se hable de ETA, las últimas encuestas ponen de manifiesto que el terrorismo es una creciente preocupación de los ciudadanos. La debilidad parlamentaria del Gobierno podría visualizarse en un debate de presupuestos en el que el Gobierno quedaría en minoría si CiU no está dispuesta a volver a dejarse embaucar por Zapatero. La reforma territorial está pendiente de la maraña de recursos planteados ante el Tribunal Constitucional. El frente anti-PP se resquebraja tanto por las propias desafecciones en el bando pro-gubernamental como por el grado de interlocución alcanzado por Mariano Rajoy con los nacionalistas moderados. Incluso las cifras macroeconómicas que con tanto triunfalismo vende el Gobierno se dan de bruces con una economía familiar que con la subida de las hipotecas y el coste de sus consumos tiene cada vez más dificultades para llegar a fin de mes.
El Gobierno tratará de sustituir en los próximos meses la fracasada agenda de su presidente por una serie de iniciativas que busquen comparar adhesiones políticas con el dinero público. Pero el interés estará más en conocer cual es la alternativa que propone el Partido Popular en su programa electoral a todos estos fracasos que en las medidas improvisadas y en muchos casos contraproducentes que sin duda protagonizará el Gobierno de aquí a nuestra próxima cita con las urnas. Es sin duda demasiado tarde para salvar una legislatura que ha fracasado en los grandes ejes marcados por Zapatero.
* Ignacio Cosidó es senador del PP por Palencia.
