El agredido imaginario ha dado una rueda de prensa para proclamarse víctima de un nuevo asalto, en esta ocasión jurídico, al acusar de prevaricación a los tres jueces de la Audiencia Provincial de Madrid que condenaron a los policías que detuvieron a dos militantes del PP por el hecho de serlo y estar cerca de José Bono durante una manifestación. El ex ministro de Defensa es muy libre de mostrar su adhesión total a la decisión tomada por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, así como su absoluta discrepancia con aquella que revoca, pero eso no le da derecho a acusar, con nombres y apellidos y sin prueba alguna, a tres jueces de haber cometido un delito. Principalmente porque eso, en el Código Penal, se puede considerar como calumnia, castigada cuando se hace con publicidad con pena de prisión de seis a dos años o multa de doce a 24 meses, y no sería extraño que alguno de los tres jueces, o todos ellos, decidieran iniciar un proceso legal contra Bono.
Ignoramos aún en qué se basa la sentencia de la Sala de lo Penal del Supremo, aunque podemos esperarnos cualquier cosa cuando varios de sus magistrados participaron con entusiasmo en el linchamiento de Javier Gómez de Liaño. Cabe indicar que es precisamente el discrepante, Manuel Marchena, el más respetado entre los juristas. Y, sobre todo, es importante señalar que entre quienes apoyan revocar la sentencia se encuentra Enrique Bacigalupo. El magistrado argentino, además de liderar la novedosa argumentación jurídica que le permitió establecer que Liaño prevaricó pese a carecer de prueba alguna de ello, argumento que jamás volvió a emplear en casos similares, ostenta un récord sin igual dentro de la Judicatura española. En 1986 fue catedrático durante siete horas en la Universidad de Lérida, que utilizó como trampolín burocrático mediante el cual poder ser nombrado como "jurista de reconocido prestigio". Es lo más parecido a un nombramiento a dedo dentro del Tribunal Supremo. Y habiendo ocurrido en 1986, resulta difícil ignorar a quién pertenecía el dedo.
No obstante, y pese a los antecedentes, no vamos a acusar de prevaricación a nadie, y menos aún cuando ni siquiera sabemos todavía qué argumentos sostienen para decidir que detener a dos personas cuando no hay pruebas de que exista delito y, claro está, mucho menos de que lo hayan cometido aquellos contra los que se lanza a los perros de presa. Tampoco para absolver a los acusados del delito de falsedad documental pese a que incluso la Fiscalía de Conde Pumpido admitió su existencia.
Durante aquellos días de primeros de 2005 se empleó toda la artillería para desarticular la rebelión cívica de las víctimas del terrorismo, que daba entonces sus primeros pasos. Bono se prestó gustoso a la labor, y los policías a las órdenes del ministro Alonso, el mismo que ahora es despreciado en toda Europa por decirles a los terroristas que los ejércitos están indefensos, obedecieron al grito de "si el ministro dice que le han pegado, le han pegado, y eso no se cuestiona". Lo que resulta especialmente indecente es que, después de haber cometido semejante tropelía, encima vengan los creadores de la Policía de Partido Socialista a exigir disculpas al PP, que la sufrió.
