No hace mucho tiempo, la prestigiosa página The Consumerist, celebró una votación para escoger a lo que denominaron "la peor compañía de América", la que generaba opiniones más negativas, odios más unánimes, críticas más acérrimas. La ganadora fue la RIAA, Recording Industry Association Of America, la patronal de las discográficas, la empresa que se dedica a amenazar con pesadillas legales a todo aquel que creen puede haberse descargado material sujeto a copyright en su ordenador. La estrategia de la RIAA que ha conseguido granjearle un odio tan generalizado es clara: intentar "contener" el imparable avance de las redes de descarga peer-to-peer mediante una suerte de "demandas ejemplificantes" que, en realidad, muy pocas veces llegan a los tribunales: en general, basta con que el denunciado sienta en su cuello el aliento amenazador de una sociedad con cientos de abogados en su nómina para que decida no presentar batalla y acogerse a la posibilidad de ingresar un pago en concepto de acuerdo extrajudicial.
El comportamiento de la RIAA recuerda poderosamente al de "otro tipo" de sociedades: "paga, o haremos que te pase algo", y supone un uso profundamente abusivo de un sistema legal en el que, desgraciadamente, suele tener más posibilidades de ganar aquel que más recursos económicos posee. Entre sus víctimas hay estudiantes con escasos recursos, abuelitas, personas con sus hipotecas y sus economías de fin de mes apretado... cualquiera. La táctica de la amenaza, salvo raras excepciones, les ha funcionado siempre de una manera verdaderamente eficaz, y alimenta su voraz economía con unos cuantos miles de dólares en cada caso. Sin embargo, la estrategia se ha comprobado no solamente inútil de cara a su objetivo final, contener la descarga de materiales sujetos a copyright a través de redes P2P, sino incluso claramente contraproducente: tales descargas han crecido consistentemente en todo el mundo hasta convertirse en una de las actividades más habituales y aceptadas en el seno de Internet.
En España, una encuesta similar a la realizada por The Consumerist daría, sin duda, un resultado parecido: una entidad muy relacionada con la RIAA, la SGAE, sería con total seguridad la ganadora del citado premio. La Sociedad General de Autores y Editores ha conseguido poner tan de acuerdo a todos los españoles, que sus directivos y representados deberían plantearse si semejante mal karma arrastrado durante tanto tiempo no tendrá algún tipo de consecuencia sobre su salud en forma de enfermedad o futura reencarnación en forma de animal que se arrastra, como ocurre, según la leyenda, con las personas que fallecen antes de haber visitado San Andrés de Teixido ("vai de morto o que non foi de vivo") en mi Galicia natal.
Las prácticas habituales de la citada entidad dejan poco lugar a la especulación sobre qué la hace merecedora de tanto odio: participa como lobby en desarrollos legislativos que atentan contra la libertad de todos los españoles, ejerce una enfermiza influencia sobre una ministra que se niega a escuchar a otros interlocutores, amenaza con "echar a los artistas encima" de las formaciones políticas que se atrevan a contravenir sus deseos, insulta gravemente a todos los internautas, y consigue retorcer la ley hasta definir como delictivas conductas que jamás deberían haberlo sido de acuerdo con el más elemental sentido común.
Ante todos los españoles, la SGAE es una sociedad que se encuentra "por encima de la Ley". Como consecuencia, ha visto su sede asaltada por cientos de personas, tenderetes y pancartas desplegadas en su puerta, huevos llenos de tinta arrojados contra su fachada, y miles de páginas en Internet que les califican de ladrones o se ponen de acuerdo para dirigir a su página vínculos con esa misma palabra, "ladrones", con el fin de conseguir que aparezca la primera en Google cuando buscas dicho término. Algo que debería, como mínimo, llevarles a repensar su conducta, en lugar de perseverar tozudamente en la misma. Son como ese automovilista que, al recibir una llamada previniéndole de que un loco circula en sentido contrario por la autopista, responde "¿Uno? Uno, no... ¡Cientos! ¡Miles!"
La última de la SGAE ha sido demandar por nueve mil euros a un pacífico ciudadano, una persona de bien –y doy fe porque lo sé, lo conozco y es, además, amigo mío– que tuvo el atrevimiento de informar, en su página personal, acerca del llamado Google bombing contra la SGAE. Lean, por favor, el texto objeto de la denuncia: se limita a informar de un movimiento puesto en marcha por un grupo de usuarios. Ahora, en un triste y primario intento de ejemplificación, la sociedad en cuestión ha pensado que si son capaces de detraer nueve mil euros más las debidas costas judiciales del bolsillo de este ciudadano que daba cuenta de un hecho que estimaba relevante, podrá "contener" el que otras personas se refieran a ella usando el término "ladrones" u otros calificativos si cabe más duros.
Ahora resulta que esta sociedad, que reclama al Gobierno de todos los españoles la potestad de hacer y deshacer en Internet y declarar qué páginas deben y no deben existir, puede además decidir que va a ser delito escribir un titular que diga, por ejemplo, "miles de páginas califican de ladrones a la SGAE". Toda una declaración de principios contra la libertad de prensa e información hecha por la que es, sin duda, la sociedad que más odio ha conseguido dirigir hacia sí misma y, por ende, hacia sus representados. Una sociedad que ha contribuido a generar una enorme e insalvable brecha entre los ciudadanos de a pie y esos "autores y editores" a los que afirma representar. Y eso no es buena cosa, créanme. Cuando alguien consigue generar un odio semejante, se me ocurren muy, muy poquitas cosas buenas que puedan surgir de ahí.
