Cientos de personas se han manifestaron este martes en la madrileña plaza de Chamberí contra la excarcelación de Rafael García, uno de los criminales que violaron, atropellaron y quemaron viva a Sandra Palo. El consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid, Alfredo Prada, que ha apoyado la concentración en memoria de la joven, considera que la salida de este asesino, tras cumplir cuatro años de reclusión en un centro de menores, debería servir "para remover las conciencias" del grupo socialista y del Gobierno e impulsar un acuerdo con el grupo popular para reformar la Ley del Menor.
A la espera de que se "remuevan las conciencias" de los socialistas, no estaría de más que los populares, que fueron los que, con el consenso del PSOE, impulsaron semejante ley cuando estaban en el gobierno, nos explicaran detalladamente hasta qué punto se han removido las suyas. Porque lo cierto es que, ya en el 2003, populares y socialistas dieron ya ciertos sintomas de arrepentimiendo, como el de avenirse a permitir que las víctimas pudieran presentarse como parte activa en el procedimiento.
Sin embargo, por mucho que aquella tímida reforma acabase con una situación clamorosamente injusta que violaba en parte el derecho de las víctimas de estos delitos a una tutela judicial efectiva, lo cierto es que la "agitación" de las conciencias de populares y socialistas no dio más de sí, salvo expresar en una disposicion adicional un vago deseo de "impulsar las medidas orientadas a sancionar con más firmeza y eficacia los hechos delictivos cometidos por personas que, aun siendo menores, revisten especial gravedad”.
Aquel incumplido compromiso de “establecer la posibilidad de prolongar el tiempo de internamiento, su cumplimiento en centros en los que se refuercen las medidas de seguridad impuestas y la posibilidad de su cumplimiento a partir de la mayoría de edad en centros penitenciarios" siguió quedandose a la espera con la llegada del gobierno del PSOE. De hecho, la modificación socialista se limitó a aumentar en dos años -de ocho a diez- el tiempo máximo de internamiento, mientras que si se trata de un menor de 14 o 15 años, el tiempo maximo de internamiento en regimen cerrado pasaría de cinco a seis años. Y eso sólo en el caso de delitos tan graves como el de la violación o el asesinato.
No estaría, por tanto, de más que el Partido Popular, como única alternativa de gobierno, nos hiciera explicita ahora, sin necesidad de esperar al consenso, cuál es el alcance de la reforma que proponen para acabar con una ley que prácticamente concede la impunidad a unos criminales que, por ser menores de edad, no dejan de ser lo bastante mayorcitos para tener una clara distinción del bien y del mal. Eso, por no hablar del bochornoso margen de discrecionalidad que se concede a unos jueces, más proclives a una mal entendida terapia social, que a su deber de impartir justicia.
