El PP ha dejado escapar la ocasión, por segunda vez en esta legislatura, de que el Senado "tumbase" la aprobación del techo de gasto de los Presupuestos Generales del Estado, así como el acuerdo para la estabilidad presupuestaria para el próximo trienio. La ausencia de 22 senadores populares ha permitido al Gobierno aprobarlos con el respaldo de PNV y Coalición Canaria, por 112 votos a favor, 102 en contra (la de los senadores populares presentes) y 13 abstenciones del resto de formaciones.
Bien es cierto que un hipotético rechazo de la Cámara Alta a los planes del Gobierno hubiera supuesto para el PP una victoria con más significado político que práctico, dado que la reforma introducida en 2005 por los socialistas establecía en este supuesto la vuelta del límite de gasto al Congreso, donde bastaría aprobarlo con mayoría simple. Sin embargo, la cuestión no está en los efectos, sino en los principios; en unos principios tan indisociables a la democracia como son los de la representatividad.
Aunque el portavoz popular, Damián Caneda, haya admitido y calificado de "lamentable" el absentismo de estos 22 senadores, lo cierto es que desde el partido sólo "se plantean" sanciones de entre 300 y 600 euros para sólo siete de ellos, mientras justifican la ausencia de los 15 restantes debido a la coincidencia con sesiones de investidura autonómicas.
Lo "lamentable", sin embargo, no es que estos diputados autonómicos, que son a la vez senadores, no tengan el don de la ubicuidad, sino que el partido no lo tenga en cuenta a la hora de pluriemplearlos. Lo inadmisible es que se utilice el cargo de senador como una especie de complemento salarial, a pesar de que el desempeño de dicho cargo puede ser incompatible con otros en los que el representante también debe ser voz y voto de los ciudadanos. No es la primera vez, ni será la última.
