La fundada sospecha de arbitrariedad y corrupción a gran escala que suscita la propuesta del Gobierno, secundada por los sindicatos y algunos empresarios, bastaría para alertar a la población de este nuevo acto avasallador de los socialistas.
En 2002, en su papel económico 162 la Comisión Europea urgía a los estados miembros a poner en marcha medidas tendentes a hacer virar el modelo de pensiones hacia uno basado únicamente en la capitalización de las contribuciones. De no ser así, la jubilación de los trabajadores europeos entraría en bancarrota.
En los Estados Unidos, donde la población activa crece a mayor ritmo que en Europa y cuya edad media de jubilación es también mayor, por no mencionar unos niveles de desempleo y "generosidad" estatal menores que en el Viejo Continente, George Bush propuso en 2005 una tímida reforma que permitía a los trabajadores colocar de forma voluntaria una pequeña parte de su contribución obligatoria en el fondo privado de su elección.
Tanto en su país como en Europa, el plan presidencial fue recibido con una avalancha de sensacionalismo sólo comparable a la generada por la decisión norteamericana de intervenir militarmente en Irak. Expresiones como "charanga de instituto", "respuesta desastrosa" y "Bush pretende acabar con el sistema de pensiones" adornaron los titulares de algunas cabeceras de la llamada prensa seria occidental.
Sin embargo, no parece que la opción del gobierno socialista de colocar parte del superávit actual del fondo de pensiones en manos privadas de forma monopolística y a través de un concurso, es decir, una concesión discrecional del Estado, con unas garantías igualmente poco fiables dados los precedentes en un país donde los estafadores raramente acaban en prisión y casi nunca devuelven los hurtado malversado, haya suscitado la misma respuesta por parte de cierto sector de la opinión publicada. Por otra parte, la airada reacción del Partido Popular tampoco parece la más adecuada en un momento en el que la viabilidad a largo plazo del sistema de pensiones pasa necesariamente por dotar al contribuyente de soberanía sobre sus contribuciones, incluyendo la posibilidad de que al menos parte de ellas pasen a sus herederos sin restricciones basadas en su edad o situación laboral.
Es cierto que resulta altamente preocupante la posibilidad de que Rodríguez Zapatero designe a un nuevo amigo para que invierta a su antojo un capital de más de 40.000 millones de euros, que bien podría servir para reflotar grupos mediáticos en apuros o empresas públicas deficitarias, introduciendo así nuevas distorsiones en el mercado basadas en criterios puramente políticos. Pero no es recurriendo al discurso populista como el Partido Popular contribuirá al bienestar de los ciudadanos. Al contrario, el mensaje paternalista de su portavoz Martínez Pujalte podría atar las manos de un futuro Gobierno popular, caso decida afrontar una reforma urgente e inevitable.
Frente al "capitalismo de los amiguetes", también conocido como "economía de bribones", representado entre otros por Sebastián –¿seguirá dando lecciones de liberalismo envuelto en la purpurada toga profesoral?–, Rodríguez Zapatero, el ex ministro Montilla y también Pedro Solbes, la respuesta de la oposición debería ser algo más rotunda y desde luego más sincera. Por muy ineficaces que a corto plazo sean los ejercicios de la llamada pedagogía política y por muy poderosa que la máquina de hacer demagogia de la izquierda pueda parecer, el Partido Popular no haría ningún bien cayendo en la retórica falaz de la que ha sido objeto en otras ocasiones. La fundada sospecha de arbitrariedad y corrupción a gran escala que suscita la propuesta del Gobierno, secundada por los sindicatos y algunos empresarios –el mal menor no es el menor de los males–, bastaría para alertar a la población de este nuevo acto avasallador de los socialistas. Sobran los adornos.
