Gran impacto ha producido lo de Navarra que, gracias a Zapatero y a Pumpido, su fiscal de cabecera, será "lo que los navarros quieran". Pero no lo que quieran los navarros que han ganado las elecciones con UPN sino la coalición que previsiblemente forme el Partido Socialista de Navarra con ANV y demás cachorros de la etarra Batasuna. Estos ya disponen del poder económico presupuestario que "gestionarán" no precisamente al estilo de un "buen padre de familia", como manda el código civil. Y del poder político o confortable sillón en las instituciones. No faltará tampoco dinero de bolsillo procedente de la remuneración de concejalías y otros cargos. Se ha lubricado pues, así, el malhadado proceso de paz.
Pero no terminan ahí las concesiones. Rajoy habla de pactos imposibles para mantener el statu quo. Por el contrario, asaltadas las instituciones será coser y cantar anexionar Navarra a Vascongadas. Eso si con el soniquete gubernamental de que "se cumplirán la Constitución y las leyes". Bien saben los del Gobierno que los padres de la patria dejaron abierto para ello el portón de la disposición final cuarta 1 de la Carta Magna, según la cual la iniciativa de incorporación al régimen autonómico vasco corresponde al órgano foral de Navarra "por mayoría de los miembros que lo componen". Pasado este trámite será ratificada por referéndum de los navarros sometidos a la presión de los encapuchados que desde el 27-M actúan descubiertos.
Más preocupante que esta locura es la indefensión radical en que vive España. ¿Quién o qué puede remediar lo que ocurre en Navarra y fuera de ella especialmente en Cataluña? No puede enmendarlo el Parlamento español. Aunque radica en él la soberanía nacional, está preso del contubernio formado por el socialismo zapaterily las minorías nacionalistas y ácratas que ponen precio a su voto separatista. Huelga decir que todo el proceso de ruptura de España comenzó en la entrevista de Perpiñán entre etarras y un tal José Luis Pérez, hoy Josep Lluis Carod-Rovira, según lo publicado en aquellas fechas. Para muchos fue el origen de la coalición entre partidos variopintos que acorrala al PP a partir del pacto del Tinell. Fuera de juego el primer partido de la oposición, todo es posible mediante Estatutos disgregadores y, por lo mismo, inconstitucionales.
¿Pondrá fin a esta locura el Tribunal Constitucional del que penden siete recursos contra el Estatuto catalán, el modelo seguido por otros? Confío en que la respuesta sea positiva visto que el alto tribunal, al anular recientemente una ley andaluza, ha anticipado alguna doctrina adversa al mismo. Sin embargo el martes de la pasada semana hubo dos pésimas noticias que pueden desvirtuarlo.
La primera es la entrada en vigor de la reforma de la Ley Orgánica del Constitucional que prorroga el mandato de doña Emilia Casas como presidenta. A los juristas nos gustan muy poco las disposiciones generales intuitu personae, es decir, las que debiendo ser aplicables a muchos se dictan en favor o para una persona determinada. Suelen ser cacicadas. Esta prórroga, al igual que su nombramiento inicial como presidenta hace tres años, es trascendental para el inmediato futuro de los españoles. Su voto dirimente en caso de empate no tardará en verse sometido a prueba. Y es que el empate es probable en el politizado Tribunal donde magistrados progres y conservadores parecen agruparse en dos bandos de a seis cada uno.
La segunda noticia pésima informa que el recusado magistrado Pablo Pérez Tremps podrá participar en la sentencia que se dicte en todos los recursos contra el Estatuto catalán, excepto en el del PP, porque el Tribunal ha rechazado acumular en éste los interpuestos por el Defensor del Pueblo y las comunidades autónomas de Valencia, Murcia, Aragón Baleares y Rioja.
¿Por qué supone el Tribunal que el magistrado es incompatible en un recurso y no en los seis restantes? Cualquiera que sean los artículos del Estatuto a sentenciar en los diferentes recursos es evidente que está contaminado al haber percibido remuneración de la Generalitat que pagó un dictamen sobre el Estatuto. ¿Quién creerá que su mente funcionará en compartimientos estancos? Uno el de su antiguo cliente con los contactos, visitas y amistades inherentes; y otro el de su obligación de preservar la Constitución española. ¿Será capaz de levantar a su alrededor a fin de aislarse de fobias o filias lo que ahora se llaman "murallas chinas" en caso incompatibilidades mercantiles? Mejor haría en abstenerse aunque sea tarde.
La orientación de los votos se complica por el contenido de la futura sentencia del Constitucional. Si anulara en todo o en parte el Estatuto catalán, tendría que ordenar la ejecución de la sentencia, que correspondería nada menos que al Parlamento español y precisamente en los términos literales que contenga la misma. Además, y como secuela, habrá de anular los acuerdos de la Comisión Mixta Estado-Generalitat que al amparo del Estatuto están fraguándose ya a toda velocidad. Mucha tela para estos magistrados, de gran nivel aunque alguno sea muy controvertido.
