Aunque aquí no pase nada, la noticia publicada por el diario El Mundo de que dos agentes de la Guardia Civil habrían hecho un seguimiento al presidente de Endesa, Manuel Pizarro, el mismo día en que Zapatero y Prodi se reunieron en Ibiza, el 20 de febrero, hubiera provocado un terremoto político en cualquier otro país de nuestro entorno; Más aun si tenemos en cuenta que esta supuesta utilización política de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado viene a sumarse a las denuncias contra la CNMV y la Oficina Económica del presidente, esta última acusada de haber elaborado y filtrado un dossier contra el presidente del BBVA.
Aunque nos creyéramos que los dos guardias civiles no cumplían órdenes de sus superiores al hacer el confirmado seguimiento –tal y como pretende Interior que creamos al señalar que el día de autos un agente estaba de baja y el otro libraba–, ¿cómo es posible que todavía no se les haya abierto, como mínimo, alguna medida disciplinaria? Eso, por no hablar de las responsabilidades políticas del ministro del Interior que, a día de hoy, ni ha dado explicaciones ni se ha molestado en averiguar para quien espiaban a Pizarro esos agentes, si no lo hacían cumpliendo órdenes.
Para colmo, actuaciones policiales, tercermundistas y liberticidas como la que nos ocupa ya han tenido antecedentes en esta legislatura, como bien ilustra la manipulación policial en el caso del informe del ácido bórico, o la ilegal detención de militantes del PP en el llamado caso Bono. Eso, por no hablar del chivatazo policial a ETA, que todavía sigue sin tener consecuencias jurídicas ni políticas.
