Pocas veces ha habido en la historia de España motivo más justificado para ejercer el derecho de manifestación como si de un deber se tratara que el de la vuelta de ETA a las instituciones. Contra esa vuelta la Plataforma Libertad nos convoca hoy a todos los ciudadanos.
Gracias a la apaciguadora felonía del Gobierno del 14-M, que se ha negado a instar la ilegalización de la nueva marca electoral de los proetarras, estos no sólo volverán a tener voz y voto en los municipios vascos y navarros, sino también a tener acceso a los datos y fondos de sus potenciales víctimas, que son todos los ciudadanos que no se doblegan a sus dictados.
Que nadie se llame a engaño. El acto de colaboración con banda armada que supuso el "chivatazo" policial al aparato de extorsión de ETA, la bochornosa excarcelación de De Juana o la reiterada impunidad de Arnaldo Otegi suponen, con toda su gravedad, favores menores a la organización terrorista comparados con la inyección de moral, legitimidad, financiación y capacidad de maniobra política y logística que va a recibir ahora gracias a ANV y a la infame condescendencia de un Gobierno que con sus cesiones ya sólo aspira a ganar tiempo. Negar este hecho, con lo inmensamente accesible y reveladora que es la historia de ETA y de sus testaferros, sólo supone ignorancia, estulticia o algo más novedoso entre nuestras élites políticas: complicidad.
Aunque no sea ahora el momento de analizar la tardanza con la que la democracia española se protegió a sí misma del chantaje terrorista con una Ley de Partidos, sí es hora de denunciar, con todos los resortes que nos brinda el Estado de Derecho, cómo el Gobierno del PSOE y su servil Fiscalía la han dejado en papel mojado con su negativa a que los tribunales la apliquen a los mal disimulados herederos de Batasuna. Una Ley de Partidos –que no de listas– que ha sido derogada de facto en beneficio de quienes no se van a contentar, por mucho que ya lo estén aprovechado en favor de ilegalidades tan notorias y públicas como la Udalbiltza o el carné de identidad vasco.
Claro que el colmo sería que, junto a la de la Ley de Partidos, también se derogaran de facto preceptos constitucionales como el derecho de reunión y de manifestación, tal y como ocurriría si se hiciera efectiva la bochornosa prohibición que han dictado las Juntas Electorales de Madrid, Alcalá de Henares, El Molar, Badajoz y Burgos contra la silenciada manifestación a la que hoy nos convoca la Plataforma Libertad en toda España.
Al margen del espectáculo de ver cómo la supuesta aplicación de una ley general como la Ley Electoral no permite en esos cinco municipios lo que sí permite en el resto, es una pura arbitrariedad definir como "campaña electoral" orientada "a la captación de votos" lo que no es sino una protesta cívica contra la presencia de los proetarras en unos comicios democráticos. Ningún artículo de la Ley Electoral General puede vulnerar preceptos de una ley de rango superior como es la Constitución, tal y como, por otra parte, reconoce hasta el propio artículo 50 de esta legislación con la que las Juntas han justificado sus liberticidas pretensiones.
No nos cabe duda de que si había y hay motivo para manifestarse contra la derogación de facto de la Ley de Partidos, más lo hay contra la pretensión de derogar, también en la práctica, el propio derecho de manifestación.
