Otegi se preguntó una vez, ante la insólita actitud del fiscal de acusarlo, si semejante atrevimiento lo conocía Conde Pumpido. No sabemos si en aquella ocasión el Fiscal General del Estado lamentó haberse "pasado", pero lo que quedó claro entonces y ha quedado aún más claro hoy es que el abogado del proceso de rendición está mucho más cerca de ser el defensor de las tesis de ETA-Batasuna que de hacer valer el Estado de Derecho frente a quienes lo atacan.
Cándido Conde Pumpido ha vuelto a ofrecer la vulgata progre para defender su posición al frente de la Fiscalía. Para estos demócratas de salón, lo realmente importante no es defender, por ejemplo, el derecho de Nerea Alzola y Virginia Arroyo a defender su opción política sin ser agredidas y amedrentadas por los amigos de Zapatero, sino que esos mismos delincuentes puedan presentarse a las elecciones o votar a sus criminales preferidos para los cargos públicos. De ahí la "pena" que ha mostrado por las listas ilegalizadas, una "pena" que, en cambio, no ha demostrado por la imposibilidad de las mujeres populares de presentar sus listas en Garachico, a las que ha criticado por "alardear" de una lista "deliberadamente" ilegal. Pero es que son de derechas y, claro, no puede contar con las mismas simpatías que reciben las listas deliberadamente ilegales de ETA por parte del Fiscal General.
En esta línea, el Fiscal General del Estado parece muy preocupado ante la posibilidad de que los 150.000 votantes de Batasuna, que él mismo ha debido contar uno a uno, no puedan votar al brazo político de la banda terrorista de sus amores, eventualidad que ha calificado, como buen progre que es, de "Guantánamo político". No es, sin embargo, su misión como fiscal preocuparse de esa posibilidad, que ya tuvo en cuenta y consideró de poca importancia el legislador al promulgar la ley de partidos, sino de que no puedan votar a una formación ilegal.
Resulta muy poco defendible que este personaje tan lamentable siga al frente de la Fiscalía después de semejantes declaraciones. Primero, porque si considera realmente que se ha equivocado al reclamar la ilegalización de algunas de las listas de ANV no sólo está reconociendo su incapacidad, sino que está criticando abiertamente la resolución del Supremo que las declaró fuera de la ley. Y segundo, porque si no se las cree y está simplemente pidiendo perdón a ETA por haber ido "demasiado lejos" en ese juego de ilegalizar una parte para salvar la cara ante la opinión pública, pero permitir que Batasuna se presente en sus principales bastiones municipales, es que está mostrando su sumisión a la banda terrorista hasta unos extremos inadmisibles en cualquier funcionario público, pero más aún en quien tiene la obligación de defendernos de los etarras.
Con todo, la intención de Conde Pumpido es hurtar el punto de atención de este debate. Resulta del todo inútil discutir si la Fiscalía se ha "pasado" o no; lo cierto es que es potestad del Supremo decidir si las candidaturas de ANV eran o no legales. Con su vergonzosa decisión de no someter a la decisión de la Sala del 61 todas las listas presentadas por ETA-Batasuna, vuelve a repetir lo que ya hiciera con PCTV. Entonces le exigimos que dejara decidir a los jueces si el PCTV era o no Batasuna. En esta ocasión han sido los propios magistrados quienes han protestado. Ese debiera ser motivo suficiente para dejar el cargo, si la decencia o el mero respeto por su profesión contaran algo frente a la sumisión a un Gobierno y una ideología que ponen a los verdugos por delante de las víctimas.
