La extrema izquierda ya ha perpetrado, en tan sólo cuatro días de campaña electoral, ocho ataques contra dirigentes y sedes del Partido Popular, sin que, hasta el momento, ni el Gobierno del 14-M ni sus aliados hayan expresado la más mínima condena.
Se trata de unos hechos –sobre todo, el silencio gubernamental– con escasos precedentes en el mundo democrático, entre otras cosas, porque la democracia se caracteriza por la erradicación del uso de la violencia de la controversia y la alternancia política. Desgraciadamente, sin embargo, no hay que retrotraerse demasiado en el tiempo para recordar que en España ya se han producido acontecimientos similares, como los sufridos en aquellos inolvidables días de infamia que van del 11 al 14-M. Tras la masacre perpetrada por la oposición terrorista al PP, la izquierda supuestamente democrática y sus medios de comunicación alentaron, para regocijo de los autores de la matanza, un clima de odio hacia el Gobierno de Aznar que se tradujo en violentos acosos a sus sedes y a sus dirigentes. Desde el PSOE, empezando por José Luis Rodríguez Zapatero, se han negado siempre a condenarlo.
Para colmo, la legitimidad en el ejercicio del poder de Zapatero y los suyos, al margen del 11-M, también se ha visto contaminada por unos compromisos con la organización terrorista ETA cuyo cumplimiento exige la ruptura del consenso constitucional y la completa marginación del principal partido de la oposición. Así se lo recordaba ETA al Gobierno socialista cuando, tras la criminal "advertencia" de Barajas, instó al Ejecutivo a "dejar a un lado a PP-UPN y a la derecha fascista del Estado". Y eso es, precisamente, lo que haría el PSOE sólo unos días después, cuando tras calificar de "accidente" el atentado, aplicó en el parlamento el "cordón sanitario" contra el partido de Rajoy y contra todas y cada una de sus propuestas de endurecimiento antiterrorista. Después vino la excarcelación de De Juana, la impunidad de Otegi o la reciente cobertura política y financiera brindada a los proetarras de ANV.
Se dirá, sin embargo, que la inmensa mayoría de los ataques que está sufriendo ahora el PP no son obra ni de etarras ni de islamistas. Sin embargo, recordar la electoralista y apaciguadora condescendencia del Gobierno ante ambos fenómenos terroristas hace que su silencio cómplice ante el violento acoso al PP perpetrado por los radicales de izquierda no nos sorprenda en absoluto. Lo que nos asombra es que quienes han terminado por criminalizar a las víctimas del terrorismo todavía no hayan responsabilizado al PP y a su "crispación" de la violencia que sufren sus candidatos y sus sedes.
No se trata, por tanto, de recordar aquel marxismo que abiertamente advertía en el Manifiesto comunista que sus objetivos no podían alcanzarse sin recurrir a la violencia, sino, más bien, de tener presente un nihilismo al que no le importa guardar silencio si la violencia y la mentira se dirigen contra el adversario político. Y es que con tal de obtener y conservar el poder el Gobierno de Zapatero no tiene más manifiesto que el del "con quien sea y cómo sea".
