Cuando la Audiencia Nacional protestó en un auto por el inusitado comportamiento de la Fiscalía, impidiendo que pudieran juzgar a Otegi al retirarle los cargos para que éste pudiera salir en libertad, hubo protestas por parte del PSOE y el Gobierno. Consideraban poco menos que una insolencia atreverse a cuestionar a los esclavos de Cándido. Unas semanas después, su actitud ante la reprimenda de la Sala del 61 del Tribunal Supremo, en la que se le echa en cara a la Fiscalía no haber promovido la ilegalización de ANV, ha cambiado notablemente. Simplemente han mentido, asegurando que los jueces les han dado la razón.
La táctica les dará tan poco resultado como la anterior. Si asombroso fue que la Audiencia Nacional protestara en su día, más lo es que es el más alto tribunal haya seguido el mismo camino. Pero no podía hacer otra cosa; la actitud del Gobierno en lo que respecta a ETA-Batasuna bordea lo delictivo. Pretender hacer ver que se mantiene la ilegalización de Batasuna mientras se permite que sus dirigentes escapen de la cárcel y que tanto PCTV como ANV se presenten a las elecciones y reciban el dinero de todos es una traición más de Zapatero al pacto por las libertades, a España y a la democracia, cuya destrucción en el País Vasco bendice.
Zapatero le ha vuelto a abrir la puerta de las instituciones a ETA, cerrando así el periodo más exitoso en la lucha antiterrorista. Desgraciadamente para nuestro país, la iniciativa de perseguir sin tregua a la banda provino de un Gobierno de derechas; de ahí que el presidente más sectario de la historia de nuestra democracia haya procedido a desmontarla con esmero, para que no quedara piedra sobre piedra. Ayuno de ideología, hambriento de poder; destruir la herencia de Aznar es lo único que guía sus pasos. Es una lástima que el tratamiento de sus obsesiones lo debamos pagar los ciudadanos españoles.
